La UCO investiga a Torres por cobro de comisiones durante su etapa como alcalde de Arucas

El ministro socialista Ángel Víctor Torres está bajo el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se estrecha el cerco de la investigación sobre el ministro canario. La UCO está elaborando un informe que indaga los manejos del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática durante la etapa en la que fue alcalde de Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria. Se investigan presuntas comisiones recibidas cuando ocupó ese cargo. Con el tiempo escalaría a presidente de Canarias y, de ahí, a ministro de Sánchez.

Las pesquisas se centran también en el pago de comisiones por parte de empresarios como Mohamed Derbah, acusado de liderar una red criminal en Canarias y actualmente en libertad tras depositar una fianza de 100.000 euros.

Según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por OKDIARIO, el documento contiene elementos de mayor peso que otros informes similares elaborados recientemente. La UCO ha conseguido documentar presuntos vínculos entre el actual ministro con empresarios mafiosos durante el periodo en el que Torres ejerció como alcalde de Arucas tras haber sido previamente concejal de Deportes.

Posibles comisiones irregulares

Las diligencias apuntan a que Torres y su entorno habrían recibido comisiones irregulares durante sus mandatos como regidor de Arucas. La investigación se enmarca dentro de las pesquisas ampliadas del caso de la trama de Santos Cerdán, actualmente en prisión. El empresario Víctor de Aldama desveló grandes comisiones ilegales solicitadas por la cúpula del PSOE y sus dirigentes autonómicos.

La UCO sospecha de los lazos del PSOE canario y la red de Mohamed Derbah, que operaba desde Tenerife con ramificaciones internacionales. Los agentes habrían identificado una metodología sistemática de blanqueo de capitales a través de sociedades pantalla y testaferros.

Derbah, que permanece bajo investigación pese a su libertad provisional, tiene prohibido salir de la isla y debe comparecer semanalmente ante el órgano instructor. La Audiencia Provincial le retiró los pasaportes y cualquier incumplimiento de las medidas cautelares implicaría su detención inmediata.

La investigación se remonta a los registros realizados por la Policía Nacional en varios locales propiedad del empresario libanés. Aunque no se incautaron grandes cantidades de droga, sí se localizaron documentos que evidenciarían vínculos financieros con políticos canarios, especialmente próximos al actual ministro.

Las pesquisas han establecido que la red criminal utilizaba los clubes cannábicos como fachada para operaciones de blanqueo más complejas. El PSOE canario habría realizado gestos con empresarios locales a cambio de contraprestaciones diversas.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno deberá decidir si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo dado que Torres, al igual que Francina Armengol, goza de aforamiento como miembro del Gobierno. Esta decisión podría producirse en las próximas semanas, según fuentes judiciales consultadas.

Torres se muestra tranquilo

Torres ha manifestado estar «absolutamente tranquilo» respecto al informe de la UCO, según declaraciones recientes. «Con respecto a mí estoy absolutamente tranquilo», aseguró el ministro durante una entrevista el pasado mes de julio.

El político socialista, licenciado en Filología Hispánica y ex profesor de Secundaria, inició su carrera política como concejal de Deportes en Arucas antes de acceder a la Alcaldía. Su trayectoria municipal se extendió durante más de una década, periodo en el que presuntamente se habrían producido las primeras irregularidades investigadas.

La defensa de Torres ha negado categóricamente cualquier vinculación con actividades ilícitas y considera que existe una «voluntad mediática clara de minar» al Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro espera que «todos los que han intentado ensuciar la imagen de personas honestas pidan disculpas» una vez esclarecidos los hechos.

La investigación promete nuevas sorpresas mientras la UCO continúa cotejando las confesiones del comisionista Víctor de Aldama con la inmensa documentación incautada en teléfonos móviles y discos duros. El caso se ha convertido en un verdadero corolario de escándalos que amenazan la estabilidad del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, con múltiples frentes judiciales abiertos que podrían derivar en nuevas imputaciones en los próximos meses.