La UCO indagará el patrimonio del ex jefe de Carreteras tras desvelar OKDIARIO su nuevo piso de 2 millones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que instruye en la Audiencia Nacional (AN) el caso Koldo permiso para investigar el patrimonio de los investigados Javier Herrero, ex director general de Carreteras, e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif,  por su papel de supuestos «facilitadores de asistencia» para los presuntos amaños de obra pública. Se pronunciará la Fiscalía Anticorrupción pero es más que previsible que se acceda a la solicitud de los investigadores.

La petición llega después de que OKDIARIO desvelara en julio que Javier Herrero adquirió tres inmuebles en Madrid el mismo día de julio de 2022 por cientos de miles de euros, con la trama de corrupción investigada en pleno funcionamiento. El ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez compró al contado un piso de 144 metros cuadrados en la exclusiva Avenida de Brasil, además de dos plazas de garaje en la céntrica calle Orense.

La UCO solicita en un oficio al juez instructor Ismael Moreno llevar a cabo un estudio patrimonial exhaustivo. «Siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere», justifica la unidad investigadora.

La cronología resulta especialmente reveladora. Herrero formalizó las tres operaciones inmobiliarias simultáneas el 5 de julio de 2022, cuando ya se habían presuntamente amañado contratos públicos según se reflejó en las conversaciones grabadas entre Santos Cerdán y Koldo García.

El registro de la propiedad no refleja cargas en forma de hipotecas de Javier Herrero sobre la vivienda de Chamartín, situada a escasos 8 minutos del estadio Santiago Bernabéu.

Propiedades de 2 millones

El patrimonio inmobiliario de Herrero asciende a al menos seis propiedades valoradas. Incluye la participación en una villa familiar de 1.323 metros cuadrados en Sotogrande, donde precisamente fue grabado en vídeo por OKDIARIO paseando en bermudas tras la retirada de su pasaporte. La lujosa vivienda gaditana se desarrolla en «planta sótano, planta baja y planta alta» con una superficie útil total de «472 metros».

Su declaración de bienes publicada en el BOE en 2023 revela un patrimonio de 1.281.119 euros. La mayor parte corresponde a bienes inmuebles (1.063.532 euros), que se suma a cuentas corrientes (32.742 euros), seguros y planes de pensiones (168.845 euros). Sin embargo, presenta una llamativa ausencia en el apartado de Pasivos, que aparece completamente en blanco, pese a que mantiene una hipoteca de 395.000 euros sobre su participación en la villa familiar de Sotogrande con vencimiento en 2030.

Durante el registro de la vivienda de Herrero el pasado 26 de junio, la UCO encontró «dinero consistente en 27 billetes por valor de 50 euros y 4 billetes de 100 euros, con un valor total de 4.750 euros». Los agentes procedieron a ingresar esta cantidad «en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional».

Los investigadores han incidido en que los hechos investigados en la causa «han revelado» que tanto José Luis Ábalos como su ex asesor Koldo García «habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras». La UCO se encuentra ahora en la fase de análisis de la información intervenida en los registros del pasado junio.

Docena de bancos

Para esclarecer los hechos, la UCO ha solicitado al juez instructor que emita mandamientos judiciales a una docena de bancos. Buscan información sobre decenas de cuentas de Herrero, en las que «figuran o han figurado como titulares, autorizados y/o representantes».

Del ex director de Carreteras consta que aparece como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project SRLU, «dedicada a los servicios técnicos de ingeniería». También figura como titular real de la mercantil Palta Naturae SL, «dedicada al cultivo de frutos tropicales y subtropicales».

La UCO también ha pedido que se emita un mandamiento a la Agencia Tributaria para que aporte un informe sobre ambos «para el período comprendido entre los ejercicios 2017 a 2024». El documento debe contener las cuentas bancarias en las que figuran, movimientos de dinero, bienes inmuebles tanto en España como en el extranjero y relaciones societarias.

Según el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que derivó a la Audiencia la investigación, se aprecian «indicios» de que habrían ayudado a que «las adjudicaciones proyectadas» por Ábalos y García «pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía».

Conversaciones clave

Las interceptaciones telefónicas han documentado conversaciones comprometedoras. En abril de 2019, Herrero escribió a Koldo García un escueto «Bingo!!! En Logroño» tras adjudicar una obra de 92,4 millones a la UTE de Acciona y Aquaterra. La UCO reflejó que Koldo comunicaba a Santos Cerdán que «a Javier se le ha visto desde lejos» por su «notoria insistencia» en favorecer a determinadas constructoras.

Una grabación recoge que Cerdán «parecía preocupado por la posibilidad de que terminasen desprendiéndose de Herrero, puesto que podría contar lo que hay». El diálogo sugiere que unos terceros habrían realizado una promesa al ex jefe de Carreteras «en compensación por el hecho de ejercer la presión para la consecución de la obra del Puente del Centenario».

Cuando declararon el pasado 21 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional, tanto Pardo de Vera como Herrero se desligaron de los presuntos amaños. La expresidenta de Adif aseguró que ningún mensaje de Koldo García tuvo efecto en las adjudicaciones. Herrero negó que el exasesor pudiera influir en las concesiones y defendió la «legalidad» de todos los contratos formalizados.

El juez ha dado traslado de la solicitud de la UCO a la Fiscalía para que se pronuncie sobre las diligencias pedidas. Mientras tanto, la bonanza patrimonial de Herrero chirría con el sueldo de un funcionario público, por muy alto cargo que sea. La investigación determinará si su opulencia inmobiliaria guarda relación con los 264 millones presuntamente desfalcados a las arcas públicas o si se trata de una mera coincidencia temporal que, en todo caso, la Justicia deberá aclarar.