Turull acusa de «acto de cobardía» la petición del Gobierno de sanción penal a Forcadell

Dándole la vuelta al argumentario de la razón, los independentistas catalanes ya se ponen en el lugar de la víctima como reacción a la respuesta del Estado a su último desafío a las leyes. Así, el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, ha tildado de «acto de cobardía» el requerimiento que ha impulsado el Gobierno central contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por el debate y aprobación esta semana de un proceso constituyente catalán.

«Quién tomó la decisión fueron 72 diputados que representan a dos millones de personas. Actuar contra la presidenta del Parlament y la Mesa es un acto de cobardía, todo nuestro apoyo» a la presidenta y la Mesa, ha sentenciado en declaraciones a los periodistas antes de participar en la Generalitat en la reunión sobre la ley exprés de emergencia social.

Turull ha acusado al Gobierno central de lanzar amenazas y «ultimátums» (sic) contra Cataluña, pero ha asegurado que no tendrán ningún efecto entre las fuerzas soberanistas: «Por muchas amenazas que haya, seguiremos avanzando porque sólo nos debemos a los ciudadanos a Catalunya».

La respuesta de Ciudadanos

En todo caso, todos los grupos que no son el rodillo secesionista que domina la cámara catalana han criticado esta especie de golpe de Estado desde las instituciones contra la Constitución.

La diputada de C’s en el Parlament Noemí de la Calle ha criticado la decisión de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de permitir elevar a la Cámara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) dictó un auto emplazándole a no permitirlo: «A los políticos nos pagan por cumplir con las obligaciones y con la ley».

De la Calle también ha recordado que es el Tribunal Constitucional quien debe decidir «las consecuencias de estas situaciones». Así, ha recordado que «la democracia se basa, entre otras cosas, en la separación de poderes y los políticos no somos quienes tenemos que valorar las decisiones judiciales», ha añadido en respuesta a los periodistas.