El Tribunal de Cuentas ve indicios de «fraude de ley» en el aval de la Generalitat a los separatistas

El Tribunal de Cuentas no tiene nada claro que sea legal el aval de 5,4 millones de euros proporcionado por la Generalitat a más de 30 personas, entre las que se incluye los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, para hacer frente a la fianza solicitada por el órgano fiscalizador sobre las posibles responsabilidades contables por dolo, o culpa grave, en relación al dinero público gastado para el 1-O. Así, el tribunal sostiene que podría existir un «fraude de ley» y solicita a la Abogacía del Estado un informe al respecto.

La magistrada instructora del TC alerta que podría ser ilegal que la Administración, en este caso la catalana, que ha sido agraviada, sea la misma que ampare el pago de esa fianza a través del Institut Català de Finances (ICF), más conocido como el ICO de Cataluña. El informe no es vinculante, pero sí mete de lleno a la Abogacía del Estado en este asunto. Hasta ahora, desde la abogacía se habían abstenido de informar basándose en una sentencia que les excluyó por tratarse de dinero autonómico y no estatal.

Diga lo que diga el informe, será la magistrada instructora del Tribunal de Cuentas la que finalmente deba decidir si admite el aval del Institut Català de Finances o, por el contrario, considera que existe fraude de ley y obliga a los separatistas a volver a pagar la fianza con otros medios. Si esto último sucediera, Tanto Puigdemont como el resto de acusados deberían buscar nuevas vías de financiación para hacer frente a los 5,4 millones de euros 5,4 millones de euros de fianza que se les ha impuesto por malversación en la red exterior del procés.

Embargo si no se abona

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonaban la caución correspondiente, se iba a proceder al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente. Ahora, si se ‘tumba’ el aval, todos los ex altos cargos de la Generalitat volverían a la casilla de salida.

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; el ex vicepresidente Oriol Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos han podido responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.