El Tribunal de Cuentas vapuleó a Óscar López por otorgar 329 contratos a dedo en Paradores

El Tribunal de Cuentas asestó un duro varapalo al nuevo ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, por el descontrol en la contratación de Paradores, la empresa pública que dirigió entre 2018 y 2021. En un informe de fiscalización al que ha tenido acceso OKDIARIO, se señala que en dos años se firmaron 329 contratos menores, es decir, adjudicados a dedo, sin libre concurrencia de cualquier empresa. Sumaban un importe total de 3,8 millones de euros. Además, en el 36 % de los contratos menores fiscalizados no se autorizaron de conformidad con lo dispuesto en el manual de gestión de la entidad. Esto es lo que encendió las alarmas del Tribunal de Cuentas que recomendó a esa empresa reducir el margen de discrecionalidad en las valoraciones para hacer encargos a empresas.

Se analizaron los años 2020 y 2021. La auditoría abarcó contratos por 60 millones de euros. Todo para verificar la legalidad en la actividad contractual de la entidad y revisar sus procedimientos de control interno. Durante el periodo analizado, en Paradores, que cuenta con 95 establecimientos, la fiscalización detectó un 32% del total adjudicado mediante contratación menor. También localizó un 43% del total adjudicado en contratos de obras, un 65% en contratos de servicios y un 88% del valor estimado de los acuerdos marco de suministro.

La búsqueda del mejor proveedor en cada momento no se estiló en muchas ocasiones. «En 22 lotes del acuerdo marco número 1, resultó adjudicatario un único proveedor, lo que representó un 24,44 % sobre el total de 90 lotes», indican los fiscalizadores. «En siete de los doce lotes analizados con un solo adjudicatario, Paradores solicitó siempre al mismo proveedor local la oferta de precios, pese a no presentarla en ninguno de los casos, lo que
impidió la competencia de precios prevista en los pliegos. La adjudicación a los proveedores locales se basó exclusivamente en el criterio precio, lo que no se ajusta a las reglas legales».

Sin regla calidad-precio

No había criterios claros para buscar la mejor oferta ponderando calidad y precio: «En relación con los criterios de adjudicación, el informe ha detectado importantes deficiencias en la motivación de las valoraciones y en el cumplimiento de los requisitos exigidos, relacionadas con la inexistencia subcriterios, falta de exigencia de motivación en la asignación de puntuaciones y ausencia de criterios que garanticen la oferta que representa la mejor relación calidad-precio».

Ante esto, el Tribunal de Cuentas recomienda una mayor transparencia en la determinación de los criterios de adjudicación, sugiriendo «reducir el margen de discrecionalidad en la asignación de puntuaciones mediante el establecimiento de subcriterios» de valoración y «exigir siempre la motivación en la asignación de puntuaciones».

Objetivo fallido

El informe también señala que la entidad no alcanzó su objetivo estratégico de 2021 de realizar un control exhaustivo del gasto, principalmente debido a la falta de cumplimiento de las normas internas de control de gasto, especialmente en los paradores, y por la obsolescencia y falta de coordinación entre los sistemas de información utilizados para gestionar los procedimientos de contratación.

Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda implementar medidas que aseguren el cumplimiento de los procedimientos internos de control de gasto tanto en los servicios centrales como en los 95 paradores de la red, además de actualizar y dotar de mayores recursos a sus sistemas de información.

Incumplimiento de la Ley

En relación con la contratación menor, se detectó que la Sociedad no publicó en el perfil del contratante los contratos menores celebrados por los distintos paradores, contraviniendo lo estipulado por la ley. Aunque se afirma que en los antecedentes de los expedientes se solicitaron tres ofertas, en muchos casos eso no quedó acreditado en el expediente. Por lo tanto, el Tribunal recomienda adoptar medidas que garanticen esta acreditación, dado que es considerada una buena práctica contractual.

Finalmente, el informe constata que el volumen de contratación en 2020 disminuyó en 32,5 millones de euros respecto a 2019 debido a la crisis provocada por la Covid-19, centrándose principalmente en el mantenimiento de los servicios e instalaciones de los paradores.

El hoy ministro Óscar López fue relevado por Pedro Saura, primero, por Raquel Sánchez, después. Esa nueva presidenta realizó una serie de alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas: puso de manifiesto, con satisfacción, que «pese a la profusión y detalle de las advertencias o reparos del anteproyecto de informe, la valoración genérica del nivel de cumplimiento de la normativa de contratación pública y de la propia Instrucción Interna de Contratación se puede considerar muy elevada, al no constatar la auditoria aspectos graves ni generalizados de incumplimiento de la misma».