La Fiscalía investiga a la Generalitat por la concesión del aval a los separatistas

El fiscal superior de Cataluña ha decidido investigar el aval concedido por la Generalitat a más de 30 personas, entre ellas los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que le impuso la magistrada del Tribunal de Cuentas, por el presunto uso fraudulento de dinero público para el procés. El fiscal toma esta decisión tan sólo 24 horas después de que, desde el Tribunal Fiscalizador, se solicitara un informe a la Abogacía del Estado ante la posible existencia de un “fraude de ley” por parte de la Generalitat en la concesión del citado aval por parte del Institut Català de Finances (ICF).

Así, el Ministerio Público ha decidido abrir unas Diligencias de Investigación Penal (DIP) sobre los hechos tras recibir una denuncia de Ciudadanos. Pero, al mismo tiempo, se archiva la parte de la denuncia referida a los aforados, pues la Fiscalía Provincial de Cataluña no tiene competencias al «hallarse conociendo la autoridad judicial del asunto». Es más, se especifica que ya existe un procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abierto contra el presidente de la Generalitat Pere Aragonés, y contra la consejera de Presidencia, Laura Viladrá.

Con respecto al resto de la investigación, la de la concesión del aval, si tras las pesquisas que se realicen se encuentran indicios de delito, el fiscal deberá judicializar el asunto en un juzgado de instrucción de Barcelona.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se especifica que la denuncia, y por tanto la investigación, «se centra en la decisión adoptada por la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (…) de acceder a la concesión de un aval en favor de los sujetos concernidos en los procedimientos seguidos ante el Tribunal de Cuentas.

Tribunal de Cuentas

Y mientras la Fiscalía investiga en Cataluña, la magistrada instructora del TC alerta que podría ser ilegal que la Administración, en este caso la catalana, que ha sido agraviada, sea la misma que ampare el pago de esa fianza a través del Institut Català de Finances (ICF), más conocido como el ICO de Cataluña. Por eso ha pedido un informe a la Abogacía del Estado. Aunque el informe no es vinculante, sí les mete de lleno en este asunto. Hasta ahora, desde la abogacía se habían abstenido de informar basándose en una sentencia que les excluyó por tratarse de dinero autonómico y no estatal.

Diga lo que diga el informe, será la magistrada instructora del Tribunal de Cuentas la que finalmente deba decidir si admite el aval del Institut Català de Finances o, por el contrario, considera que existe fraude de ley y obliga a los separatistas a volver a pagar la fianza con otros medios. Si esto último sucediera, Tanto Puigdemont como el resto de acusados deberían buscar nuevas vías de financiación para hacer frente a los 5,4 millones de euros 5,4 millones de euros de fianza que se les ha impuesto por malversación en la red exterior del procés.