El Tribunal de Cuentas alerta de la falta de control en las subvenciones para inmigrantes

El Tribunal de Cuentas advierte de deficiencias en el control de las subvenciones concedidas a proyectos para inmigrantes. Así se recoge en el informe de fiscalización elaborado por el organismo, correspondiente al ejercicio de 2018.

El Tribunal de Cuentas analizó diversas convocatorias desarrolladas a lo largo de ese año, algunas bajo el gobierno de Mariano Rajoy y otras ya con Pedro Sánchez en La Moncloa. El importe de las transferencias ascendió a 390.379.020 millones de euros. 

Las principales deficiencias observadas por el organismo fiscalizador se detectan en el control del destino de las subvenciones.

Así, por ejemplo, se concluye que «existe un significativo retraso en la segunda fase de revisión de las cuentas justificativas de las subvenciones no financiadas con fondos europeos». En 2020 se encontraban pendientes de revisión «más del 93% de las ayudas concedidas en los últimos cinco años, lo que supone que la revisión de la justificación se realizaba al límite de los plazos de prescripción. Para las financiadas exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado, los trabajos de revisión planificados para 2021 afectaban a las convocatorias de 2015 y 2016», recoge el informe. En enero de 2021, se encontraban pendientes de revisión ayudas concedidas desde 2015 por un importe total de 678.521.859 euros, que correspondían principalmente correspondientes a las líneas de Protección Internacional y de Atención Humanitaria.

Entre otros, el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en la comprobación de las memorias justificativas, de forma que «la revisión que se hace de estos documentos se limita a la comprobación de su presentación y a que recoge el contenido mínimo exigido». En algunas ocasiones, ni siquiera se realizan comprobaciones de la documentación «porque el personal técnico estaba evaluando las solicitudes de la convocatoria de 2019» o se producen amplios retrasos.

El Tribunal de Cuentas también llama la atención sobre el reintegro de las subvenciones o la imposición de sanciones, que se debe iniciar de oficio por parte de la administración «como consecuencia de la actuación de comprobación».

Según la información recabada hasta enero de 2021, «no se habían iniciado procedimientos de reintegro ni de imposición de sanciones para ninguna de las líneas de subvenciones analizadas de las convocatorias de 2018». «Los últimos informes de reintegro emitidos corresponden a las convocatorias de 2014 y 2015.  Este retraso no sólo puede poner en riesgo el cobro de las posibles cantidades a reintegrar (el mero transcurso del tiempo perjudica las perspectivas de cobro de la deuda), sino que supone un perjuicio para el beneficiario, ya que este será deudor de unos intereses de demora superiores», advierte el informe.

Falta de personal

El Tribunal de Cuentas apunta también que «el número de personas encargadas de la gestión de las ayudas sigue siendo insuficiente: la plantilla fija es reducida y se completa con personal temporal» y que «en los centros de acogida a refugiados, los efectivos de personal no guardan proporción con el número de plazas de residentes de los centros».

Asimismo, destaca que «no se dispone del registro de solicitantes de subvenciones para las distintas líneas», como establece la ley; que en las líneas de Convivencia y Cohesión Social y de Retorno Voluntario «los gastos presupuestados de los proyectos incluidos en las solicitudes están sobrevalorados» o que en la valoración de algunos proyectos «se han considerado aspectos no recogidos en las bases reguladoras, ni en las convocatorias».

«En la línea de Convivencia y en la de Cohesión Social no se realizaron comprobaciones de las memorias intermedias, debido a que su fecha de presentación coincidía con el periodo de valoración de los proyectos de la siguiente convocatoria, por lo que no se disponía de personal ni tiempo para ello» y «en la línea de Protección Internacional, la presentación de las memorias intermedias se produjo con retraso por un tercio de los beneficiarios».