Cataluña

Torrent se empeña en mantener el pleno pese a las advertencias de Llarena

Pablo Llarena
Roger Torrent, presidente del Parlament. (Foto: EFE)

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha decidido mantener el pleno de investidura del sábado y después leerá en el Auditorio de la cámara una declaración «en defensa de los principios democráticos y de los derechos civiles y políticos».

Su agenda de actos para el sábado mantiene así el pleno a las 11.30 horas, como estaba previsto antes de que el Tribunal Supremo ordenara encarcelar al candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Turull.

C’s, PSC y PP habían pedido a Torrent este viernes suspender el pleno cuando se supo el encarcelamiento de Turull, pese a lo cual Torrent mantiene la sesión, además de prever una declaración suya posterior.

Precisamente, el presidenciable Jordi Turull había pedido, tras conocer el auto que le enviaba a la cárcel sin fianza, que el propio Torrent mantuviera el pleno de investidura y rogaba que se produjera la votación.

El abogado de Jordi Turull ha pedido en su nombre que se mantenga el pleno de investidura previsto para mañana y que los parlamentarios le voten para ser investido como presidente de la Generalitat por razones de “dignidad” ante la “injusticia” de su encarcelamiento.

Las dudas surgían durante la tarde de este viernes, tras hacerse público el auto dictado por el juez Llarena. En él se recoge una advertencia del magistrado que destaca  la “imposibilidad material” de Turull de “acudir a desempeñar sus funciones parlamentarias y a participar en la sesión de investidura prevista para el día de mañana, en atención a la medida cautelar”.

La limitación, de entrada, es evidente, porque el propio reglamento del Parlament exige que el candidato esté presente en la sesión.

Pero además, el juez desarrolla toda una argumentación para rechazar que Turull, por la gravedad de los delitos que se le imputan, pueda salir de prisión para ser investido.

Llarena se remite al artículo 23.1 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen el derecho “a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” y, además, “a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

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