Surrealista Cuixart: 500.000 € para longanizas y 500 noches en prisión por activista

La valentía de los independentistas duró lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks. La declaración de Jordi Cuixart en el Tribunal Supremo confirma lo que viene a ser la dinámica de defensa en la causa judicial: en vez de fingir, le dio por reír y negar la mayor de lo que sucedió. Se saltaron las leyes porque el pueblo «tiene derechos» o lo que es lo mismo, y traduciendo al español coloquial -que Cuixart ha vulgarizado, más allá de la previsible palabrería, hasta la palabrota en más de una ocasión como respuesta a la Fiscalía- que los ‘gurús’ de la colectividad catalanista pueden saltarse las leyes, y haciendo un exceso se las volverán a saltar, cuándo y cómo les venga en gana.

Qué más da si las normas vigentes dicen que debía solicitarse formalmente permiso para convocar cualquier tipo de manifestación (como las del 20S frente a la sede de la Consejería de Economía y Hacienda); o si el Tribunal Constitucional, como único y máximo intérprete de la Constitución española suspendió un referéndum ilegal, si la democracia está antes que la ley, como ya dijo Quim Torra. Cuixart sigue la ronda y aumenta el envite: «La democracia está por encima del Estado de Derecho. También era Estado de Derecho el franquismo, por ejemplo, sólo que no democrático ni social» sostiene sin despeinarse el líder de Ómnium Cultural.

Por eso lo que ellos hacen el 1-O es un «acto de desobediencia civil no punible» frente a lo que consideraron «una decisión injusta e ilegítima», en referencia a la suspensión de la celebración del referéndum definida por los tribunales de Justicia españoles. No hay más preguntas señoría…

En ese ejercicio de libre interpretación surrealista, alegal y jocosa, en el que Cuixart convierte su declaración, ha llegado a afirmarse que en las decisiones de la Justicia «nunca se interpeló a la sociedad civil catalana» sobre que no pudiese organizar ni participar en dicha convocatoria así que «hizo lo que correspondía», protestar. Ya saben. Todo estaba prohibido pero todos siguieron haciendo cosas. Lo que afecta a los políticos promotores de la «desobediencia civil» no aplica para la colectividad que desobedece, eso sí, a la altura de la mismísima Rosa Parks protestando por la «segregación racial» legal en Estados Unidos. Hasta ese punto llega la paranoia.

«Desobediencia civil no punible», así define Jordi Cuixart la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

Cuatro horas de declaración kafkiana en las que el líder de Ómnium Cultural se ha abandonado al alegato político en su más pura esencia. La suya es una entidad «eminentemente independentista» -centrada en «el derecho a la autodeterminación»- y que por ello, en 2015, firmó la famosa «hoja de ruta» unitaria hacia la independencia. Fue ésta una decisión «excepcional» ante la imposibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación. Una mera «declaración de intenciones» para «convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario”, apuntala en su exposición de los hechos.

Así que, cómo no, Cuixart lleva 500 días, y 500 noches, en la cárcel por activista. «Soy un preso político, no un político preso. Hemos entrado en prisión por ser activistas sociales», afirma el de la Cofradía del Santo Reproche para pasar al ataque contra el Estado. Cuixart denuncia la «guerra sucia contra líderes políticos de Cataluña», en alusión a las conversaciones entre el ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Asegura que, por eso, «pedimos más democracia y la pedimos también para el conjunto del Estado español» y, haciendo un exceso tiró dos besos, uno por mejilla.

Cuixart admite, a preguntas del fiscal Moreno, que el objetivo de Òmnium era movilizar a los ciudadanos, y que lo sigue siendo: «Seguimos estando movilizados, pidiendo que escuchen la voz de la ciudadanía. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo en el ejercicio de derechos fundamentales». Cuixart explica entonces los 500.000 euros para «las longanizas” de las que se habla en un correo. Corresponden al presupuesto para una ‘botifarrada’ que se planeó celebrar en protesta el 12 de octubre, aunque finalmente no se llevó a cabo. Pero siempre desde la «serenidad y el pacifismo» del que han hecho gala, hasta ahora, los líderes independentistas en contra de lo que muestran algunas de las imágenes exhibidas por la Fiscalía en la sala.

Los coches destrozados de la Guardia Civil «son los vehículos más lamentados de la historia de la democracia española»

Las de los coches policiales destrozados bajo la turba concentrada el 20S, frente a la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, por citar el caso paradigmático. Ironiza Cuixart sobre la cuestión. Los Land Rover de la Guardia Civil reducidos a chatarra tras el «deterioro progresivo» del que fueron objeto -durante la concentración que rodeó la sede de la Vicepresidencia donde trabajaba la comisión judicial en el registro de aquel 20 de septiembre- son “los vehículos más lamentados de la historia de la democracia española”. Un «hecho menor», lo califica. Algo «meramente anecdótico», se reafirma. Al fin y al cabo, y parafraseando al activista, como él mismo se define, qué podía hacer él: «¿Si no hay violencia, que no la hubo, qué me obligaba a mí a desconvocar la convocatoria antes de lo previsto?», apostilla.

Eso sí, ni rastro de todo lo reconocido durante su comparecencia ante el juez instructor Pablo Llarena, el pasado 11 de enero de 2018, y donde la versión de lo ocurrido fue muy diferente. Porque aquellas manifestaciones estuvieron condicionadas al impacto emocional sufrido por Cuixart tras entrar en prisión y, por lo tanto, «cuando mi prioridad era salir de la cárcel a cualquier precio» espeta. Ahora la prioridad ha cambiado y, lejos de su deseo inicial, asegura que el objetivo «sigue siendo conseguir la resolución del conflicto catalán y su libertad tras demostrar mi inocencia y salir absuelto».

Forcadell contra su defensa

La abogada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha invertido todos sus esfuerzos para tratar de demostrar que su defendida no había participado en ninguna de las reuniones orientadas a la preparación y celebración del referéndum declarado ilegal. Nada más comenzar su declaración, Forcadell enumera todas las reuniones en las que estuvo presente y en las que estaban, además, muchos de los encausados. Primera a su propia línea de flotación. Pero no será la única.

El intercambio con la fiscal Consuelo Madrigal alcanza cotas inenarrables. Y si la actitud y razonamientos de Cuixart son surrealistas, las afirmaciones de Forcadell no le van a la zaga: «Voté la resolución sin leerla».

La Fiscalía pregunta a la política catalana sobre la Resolución I/XI, que promovía la desconexión de Cataluña y fue el punto de arranque del proceso independentista. “No es potestad de la Mesa entrar en el fondo de las resoluciones y la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias» replica la ex presidenta del Parlament. Mientras recuerda cómo la votó con otros 72 diputados y «entiendo que estábamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria», prosigue. “¿Pero leyó usted la resolución?”, pregunta la fiscal. “No”, balbucea Forcadell, consciente de su segunda metedura de pata.

«No participé en ninguna estrategia, me limité a cumplir con mis obligaciones como presidenta del Parlament», insiste Forcadell. Presidenta del Parlament, ésa es la clave. Todo lo que sucedió, desde un punto de vista político, ocurrió en la cámara de representación, bajo su supervisión, tutela y responsabilidad -que se esfuerza en acotar al máximo-. A tenor de lo vivido hoy, lo tiene francamente complicado.