El Supremo se inclina por no admitir a trámite la querella contra García-Castellón

La Sala Segunda del Tribunal Supremo que decidirá en los próximos días si admite a trámite o no la querella presentada contra el juez de los casos Lezo y Púnica, Manuel García-Castellón, se inclina por archivarla coincidiendo con la postura de la Fiscalía.

OKDIARIO ha podido saber que el juez Pablo Llarena, ponente de la Sala de Admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, deberá convocar en los próximas días a los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Ana Ferrer para deliberar si admite a trámite o no la querella contra García-Castellón.

Fuentes consultadas por este diario manifiestan que el alto tribunal se inclinará por archivar la causa, coincidiendo de esta manera con la postura de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha emitido este jueves un informe contrario a la admisión de la querella que interpuso la defensa del empresario Juan Miguel Villar Mir contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, tal y como adelantó OKDIARIO.

El letrado del empresario, Carlos Domínguez, presentó una querella contra el juez que investiga la trama de corrupción Lezo, que afecta a su cliente, por ordenar interceptar el teléfono de Villar Mir sin excluir los contactos con su letrado donde se habría referencias a la estrategia de la defensa. El magistrado García-Castellón dictó esta orden a propuesta de la Unidad Central Operativa de la Guardia civil que la autorizó.

Estas grabaciones fueron la clave para que se abriera una investigación al empresario correspondiente a la falsificación de un justificante médico que Villar Mir presentó para aducir problemas de salud y evitar comparecer en la Audiencia Nacional, donde había sido citado. El facultativo acabó siendo llamado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla donde ahora se investiga si incurrió en una falsedad.

En la querella se acusa al magistrado de los delitos de intercepción ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia e infidelidad en la custodia de documentos por incluir en la causa 11 horas de conversaciones entre el empresario y su letrado.

Todos los magistrados de la Audiencia Nacional están aforados ante el alto tribunal, según la ley Orgánica del Poder Judicial. Si se admitiese a trámite la querella, podría suponer la inhabilitación del juez que está al frente de una de las causas de corrupción más complejas que ha habido en la historia de España.