Seis vocales del CGPJ llevan al Pleno su oposición a la injerencia de PSOE y Podemos en el órgano

Seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocan un pleno extraordinario para debatir su posición ante la injerencia del PSOE y Podemos en el órgano de los jueces. Esta propuesta se ha planteado ante el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tras conocerse que el Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos han presentado una Proposición De Ley (PDL) para que el CGPJ no pueda efectuar nombramientos mientras esté en funciones. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Lesmes ha aprobado la propuesta de estos vocales, que se debatirá este jueves.

OKDIARIO ha tenido acceso al escrito dirigido al presidente del órgano de gobierno de los jueces que ha contado con el apoyo de los vocales: Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández. El documento suscribe: «Es de público y general conocimiento que por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados PSOE y Podemos se ha presentado una proposición de ley para la modificación de la LOPJ en el aspecto relativo a las atribuciones del CGPJ en materia de nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional».

Las plazas que no se podrían votar son las de «presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional», que según ambas formaciones políticas, «deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones». Sin embargo, otras como la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha dejado vacante el juez José de la Mata, y la plaza del magistrado Ángel Hurtado en la Sala de Apelación quedarían incluidas dentro de las atribuciones que el CGPJ sí podría seguir ejerciendo.

El PSOE y Podemos, solicitan que se paralicen los nombramientos, no el resto de las funciones que resultan imprescindibles. Así, exponen que: «Al no tratarse de un órgano jurisdiccional, que no podría ver paralizada su actividad ni dejar en suspenso ninguna de sus atribuciones, resulta posible separar las facultades del CGPJ en funciones que resultan indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales de aquellas otras que, por el contrario, conforman un haz de competencias y atribuciones que legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente».

Los vocales se rebelan y recalcan en su escrito: «La interpretación que se ha venido haciendo del art 561.1 LOPJ ha consistido en que, en relación con las materias que allí se indican, el gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno del CGPJ, mientras que para las proposiciones de Ley en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible».

Consejo Europeo

Los vocales sustentan que cuando la proposición de ley se refiere a aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, debe tramitarse –explican– oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ y también a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa).

Por ello, los vocales han firmado dicho escrito ante la posibilidad de que la iniciativa legislativa sea tomada en consideración por el Congreso, lo que conllevaría la tramitación parlamentaria, y plantean que se solicite al Congreso recabar el informe del CGPJ en relación con la PDL presentada por PSOE y Podemos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, solicitan a la Cámara Baja que recabe el informe de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) en relación con dicha proposición.

Movimiento político

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la finalidad de presentar esta Proposición De Ley no es otra que forzar al Partido Popular para que llegue a un acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces. Hasta ahora, el PP ha impuesto varias condiciones para poder votar esa renovación. La principal demanda de los de Pablo Casado es que Podemos no entre en la negociación, que el PSOE retire la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que no pacte el PSOE con Bildu. Pero también que la negociación vaya dirigida a reforzar la independencia de los jueces y magistrados.

La renovación del CGPJ ha supuesto siempre una gran ‘bronca’ entre los dos grandes partidos. El consejo actual lleva dos años en funciones, pero no es la primera vez que no hay acuerdo. En el CGPJ al que pertenecieron el actual ministro de Justicia Juan Carlos Campo, y el consejero de Justicia de la CAM, Enrique López también estuvo más de un año y medio en funciones porque el PP y PSOE no se ponían de acuerdo sobre qué vocales nombrar.