Sánchez ya reconoce corrupción en su Gobierno: envía a la Abogacía del Estado a la causa contra Ábalos

El Gobierno ha dado un paso sin precedentes al permitir que la Abogacía del Estado represente a la empresa pública Tragsatec en el juicio contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario arrepentido Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Tal como adelanta OKDIARIO la personación de Tragsatec –empresa que contrató a Jésica Rodríguez, amante de Ábalos– fue comunicada a los consejos de administración del Grupo Tragsa el pasado martes.

Supone que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se constituye formalmente como acusación contra uno de sus propios ex ministros, en un reconocimiento implícito del daño institucional causado por la trama.

El Tribunal Supremo ofreció el pasado 11 de marzo a Ineco y Tragsatec —ambas empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes— la posibilidad de personarse en la causa como perjudicadas, en línea con lo propuesto por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la audiencia preliminar celebrada el 12 de febrero.

Según fuentes del Grupo Tragsa consultadas por este periódico, «una vez recibido el ofrecimiento por parte del Tribunal Supremo para personarnos en la causa, se ha analizado desde el departamento jurídico de la empresa junto con la Abogacía del Estado y hemos procedido a personarnos en la causa representados por la Abogacía del Estado».

La Fiscalía Anticorrupción solicita que Ábalos y Koldo indemnicen «conjunta y solidariamente» a Ineco —en 34.477,86 euros— y a Tragsatec —en 9.500,54 euros— por la contratación supuestamente irregular de mujeres vinculadas al exministro en ambas entidades.

Esta decisión es provisional ya que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha interpuesto un recurso de suplica contra el auto que ofrecía acciones legales a Tragsa e Ineco. «La personación y el acceso a la causa está condicionado a lo que finalmente determine el Tribunal Supremo en la resolución del recurso planteado», indican.

No obstante, otras fuentes consultadas estiman que las posibilidades de que prospere ese enésimo recurso de la defensa del ex asesor ministerial no son muy altas.

Koldo contra la personación

De la Hoz considera que «no procede» el ofrecimiento a Ineco y Tragsatec, al entender que las dos entidades «no pueden ostentar la condición de perjudicadas». Según De la Hoz, las empresas «deberían ser objeto de la acción penal en calidad de responsables».

El argumento es como sigue: «No se puede ejercer la acción penal (como acusación o perjudicado) cuando la propia entidad debe ser sujeto de la acción penal por la falta de controles internos que permitieron la supuesta malversación y el supuesto tráfico de influencias», sostiene la letrada.

De la Hoz denuncia además una situación de «selección estratégica de imputados» que convierte a las empresas «en acusadores rehuyendo su verdadera condición». A su juicio, «sería incompatible la posición de acusado y perjudicado, aunque estén separadas en el tiempo ambas posiciones, en procedimientos distintos, pero por el mismo hecho».

Juicio desde el 7 de abril

El juicio oral comenzará el próximo 7 de abril a las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y se extenderá durante 13 sesiones –algún día con sesión de tarde–, con conclusión prevista el 30 de ese mismo mes.

Más de 75 testigos están llamados a declarar, entre ellos, el primer día, el hijo del ex ministro, el hermano de Koldo, varios socios de Aldama y Jessica Rodríguez, ex pareja de Ábalos. Ábalos y Koldo permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.

Respecto al orden de declaración de los acusados, previsiblemente el 28 de abril, la abogada de Koldo ha manifestado que «no se opone» a que Ábalos sea el último en intervenir.

La prioridad de su defendido es declarar después de Aldama porque, a su juicio, el empresario «ejerce, de facto, un rol de acusación mediante sus manifestaciones», lo que exige que Koldo «conozca previamente el contenido de dicha declaración para poder ejercer la contradicción de manera efectiva». El orden acordado sería: Aldama, Koldo y, por último, Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama —quien ha reconocido la acusación— por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Las acusaciones populares elevan la petición para el exministro y su exasesor hasta los 30 años de cárcel.

El caso Koldo nació como un escándalo de comisiones ilegales durante la pandemia y ha devenido en el mayor proceso penal contra un miembro del Ejecutivo de Sánchez. Ahora, con el propio Estado acusando a su ex ministro a través de la Abogacía del Estado, el Gobierno ha cruzado el Rubicón: ya no hay forma de mirar hacia otro lado.