Ley de "Memoria Democrática"

Sánchez ha acercado a 23 etarras asesinos de 55 personas desde que pactó su ley de «memoria» con Bildu

Víctimas Bildu
Los pactos de Sánchez con Bildu siguen levantando ampollas.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a cárceles del País Vasco o Navarra a 23 etarras con un historial de sangre a sus espaldas desde que sacó adelante la llamada Ley de «Memoria Democrática» gracias al apoyo de Bildu, el pasado 14 de julio. Entre todos estos terroristas acumulan 55 asesinatos.

El Ejecutivo sigue adelante con su plan para satisfacer a sus socios proetarras y, tras varios meses en los que los traslados de etarras parecían haberse estabilizado a una docena cada dos meses, ha acelerado los acercamientos.

El pasado 21 de julio, apenas una semana después de que el Congreso de los Diputados -por el voto de los cinco diputados de Bildu- aprobase la Ley de «Memoria Democrática», el Gobierno trasladó a 11 etarras autores de 40 asesinatos.

Entre ellos, se encontraban los asesinos de quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián por el Partido Popular, Gregorio Ordóñez, y del dirigente socialista, Fernando Buesa. Ninguno de ellos ha colaborado con la Justicia.

El último traslado se produjo la semana pasada. Sánchez comunicó a las víctimas que 12 terroristas, autores de 15 asesinatos, podrán dormir a pocos kilómetros de sus domicilios. Con estos, ya son cerca del 70% los presos etarras que duermen en cárceles vascas (111) y navarras (11). Además, desde que el Gobierno vasco tiene las competencias de prisiones, se han aprobado 23 terceros grados, de los cuales 11 han sido recurridos por la Fiscalía y 2 revocados por la Audiencia Nacional. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha manifestado su intención de que los etarras accedan con facilidad a permisos y terceros grados.

«A este ritmo, quizás antes de que finalice el 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez podrá presumir ya no de haber trasladado a todos los presos de ETA, sino de haber acercado a todos y cada uno de ellos al País Vasco y Navarra», denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

«Terroristas sanguinarios que nunca han mostrado ni un ápice de arrepentimiento ni la más mínima intención de colaborar con la justicia. Asesinos que podrán disfrutar de la visita de los suyos prácticamente día sí, día también, porque mientras las víctimas tenemos que hacer cientos de kilómetros para visitar las tumbas de nuestros seres queridos, sus familiares podrán ir a visitarles dando un paseo», añaden.

Entre los últimos terroristas cuyo traslado se ha comunicado se encuentra el asesino de quien fuera alcalde de Pamplona, Tomás Caballero. Caballero fue asesinado por ETA en mayo de 1998, cuando salía para ir a trabajar a su despacho municipal. El etarra Mikel Xabier Ayensa Laborda fue condenado a 30 años de cárcel por este asesinato.

Además, también ha sido beneficiado con el traslado el etarra Juan Carlos Besance Zugasti, condenado a 58 años de prisión por el asesinato de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza (Navarra). Besance también fue condenado a 19 años de prisión por intentar asesinar de un tiro al ex consejero socialista de Justicia y Educación del Gobierno Vasco, José Ramón Recalde en el año 2000.

«Memoria»

Pedro Sánchez ha convertido a Bildu en su aliado preferente para sostenerse en La Moncloa. La reciente Ley de «Memoria Democrática» es una prueba más de que el partido de Arnaldo Otegi es decisivo para el presidente.

La ley aprobada recientemente en el Congreso gracias al voto de los diputados de Bildu pasará ahora el trámite en el Senado para entrar en vigor, previsiblemente, a partir de septiembre.

En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo se ha comprometido con el partido de Arnaldo Otegi a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia y bajo el mandato de Felipe González. Ese estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Además, se constituye comisión estatal «independiente» de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

Tras otro de los pactos de Sánchez con sus socios -en concreto con el PDeCAT- la ley incluirá la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Además, se renombra el Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros; se suprimen hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por Francisco Franco y se planea la exhumación del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, uno de los planes inmediatos del Ejecutivo cuando la ley sea definitivamente aprobada.

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