Sánchez rechaza suprimir las subvenciones a entidades que apoyan las ocupaciones ilegales

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez rechaza eliminar las subvenciones a aquellas entidades que apoyan las ocupaciones ilegales de viviendas. Así lo indica la respuesta dada por el Ejecutivo en funciones a una pregunta parlamentaria registrada por el senador popular y magistrado Fernando de Rosa.

En concreto, De Rosa planteó al Gobierno que se pronunciara sobre si tiene previsto «promover la eliminación de las subvenciones públicas concedidas a entidades, asociaciones y grupos de cualquier naturaleza que apoyen la ocupación ilegal de viviendas».

Ante ello, el Gobierno de Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, esgrimió que «en relación con el asunto interesado, se señala que en el ámbito competencial de la Administración General del Estado, no se conceden subvenciones públicas a entidades, asociaciones o grupos de cualquier naturaleza que apoyen la ocupación ilegal de viviendas».

Sin embargo, esta afirmación no es cierta, ya que bajo el Ejecutivo socialista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí se otorgaron subvenciones, por ejemplo, al Observatorio Desc-Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las entidades que defiende las ocupaciones ilegales.

En concreto, esta plataforma, a la que estaba vinculada la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (En Comú), como coordinadora de los proyectos de vivienda, obtuvo por ejemplo una ayuda de 235.000 euros en el año 2010 de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, para «el fortalecimiento de sistemas de producción sostenibles» en Paraguay.

Endurecer los castigos

Por su parte, Ciudadanos ha presentado en el Congreso una proposición de ley de «garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas», un fenómeno que, según subraya la formación de Albert Rivera, «ha experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años».

A juicio de la formación naranja, es necesario mejorar el ordenamiento jurídico porque actualmente «es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad».

Una de las medidas que plantea el partido naranja es el endurecimiento de los castigos y que se puedan imponer penas de entre uno y dos años de prisión a quienes usen la fuerza para ocupar un inmueble. También aboga por que se puedan tramitar procedimientos judiciales rápidos que permitan la recuperación inmediata de la propiedad ilegítimamente usurpada. Una cuestión que también reclama el Partido Popular.

Además, la iniciativa de C’s  insta a que las comunidades de vecinos puedan entablar acciones de cesación contra los ‘okupas’ que atenten contra la seguridad y la convivencia, o pedir al Ayuntamiento que emprenda esas acciones, informó Ep.

Junto a ello, los centristas apuestan por modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para impedir que la ocupación ilegal de viviendas se utilice para la comisión de delitos de terrorismo, tráfico de drogas y trata de seres humanos.