Sánchez prepara una policía lingüística para vigilar el uso del catalán y el vasco en la Administración

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha sacado a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo de las Lenguas Oficiales. Con este decreto, el organismo encabezado por Ángel Víctor Torres pretende regular la Oficina para las Lenguas Oficiales para impulsar el control del uso del catalán, el vasco o el gallego dentro de la administración pública. Un texto que sale a la luz 24 horas después de que el ministro socialista anunciase que el Gobierno pondrá a 1.000 funcionarios a aprender las lenguas cooficiales en seis comunidades distintas.

Este real decreto sustituye y deroga el Real Decreto 905/2007, de 6 de julio, por el que se crean el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales, norma que regulaba hasta ahora este órgano, con la que se crea el Consejo de las Lenguas Oficiales y se regula la Oficina para las Lenguas Oficiales. Esta oficina tiene entre sus funciones «la constatación del uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas vinculados o dependientes», algo que el ministerio busca impulsar con este decreto.

«La Constitución Española establece el carácter oficial de las lenguas de las comunidades autónomas que así lo declaren en sus respectivos estatutos de autonomía. Estas lenguas son oficiales en sus respectivos territorios, junto con el castellano, que lo es en todo el Estado. En el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se reconoce que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos lingüísticos en sus relaciones con las administraciones públicas en las distintas lenguas cooficiales, en los respectivos territorios con lengua cooficial», justifica el ministerio de Torres.

Además de la regulación de esta oficina, se modifica la composición y parte del funcionamiento del actual Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado. Para ello se incluyen como miembros de pleno derecho, con voz y voto, a los representantes de las comunidades autónomas con lenguas oficiales. En concreto, se trata de las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Asimismo, se incorporan también a la composición de este órgano como miembros de pleno derecho a organismos e instituciones con especial relevancia en materia de lenguas.

Clases a funcionarios

El Gobierno pondrá a 1.000 funcionarios a aprender las lenguas cooficiales en seis comunidades distintas. Así lo anunciaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Se trata de un plan de formación de lenguas cooficiales para el personal de la Administración General del Estado (AGE) que se pondrá en marcha en Baleares, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia.

El titular de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática ha argumentado que es «esencial» el papel de los funcionarios y de la administración pública a la hora de comunicarse en las lenguas cooficiales, por lo que con esta medida se busca «una mejor atención a los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sus territorios». Además, también ha comunicado que se revisarán en profundidad los contenidos de la sede electrónica del Ministerio con el objetivo de traducir y facilitar el acceso en la lengua cooficial propia de las comunidades autónomas afectadas. Ángel Víctor Torres ha justificado esta medida en que el «90,31% de los servicios que presta la AGE se tramitan electrónicamente». «Con el respeto a las lenguas maternas se preservan conocimientos, se protege la diversidad cultural y se garantizan los derechos humanos», ha subrayado el político socialista.