Sánchez mantiene un plan anti-brotes que elaboró cuando los contagios eran 20 veces menores

La preocupante evolución de la pandemia de coronavirus no parece hacer reaccionar al Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que el presidente socialista inició sus vacaciones, el pasado 4 de agosto, hasta este viernes, cuando regresó a La Moncloa, se han registrado 81.000 nuevos contagios. Las cifras colocan a España a la cabeza de la incidencia acumulada en Europa y las alertas se disparan por la falta de previsión del Ejecutivo, aún sin plan para afrontar un asunto tan delicado como la vuelta a las aulas. Pese a ese escenario, el Ejecutivo no prevé cambiar, a corto plazo, su hoja de ruta, y sigue derivando la responsabilidad de la gestión a las comunidades autónomas, que le piden una política coordinada y unificada y mejores herramientas para luchar contra la extensión del virus.

El único plan anti-brotes del Gobierno, que constituye el marco general para hacer frente al Covid tras el fin del estado de alarma, ‘Plan respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19’, data del pasado 13 de julio. La situación epidemiológica poco o nada tenía que ver con la de ahora. Según las cifras que recogía aquel día el Ministerio de Sanidad, el número de nuevos casos diagnosticados era de 164. Este viernes, esa cifra se elevaba hasta los 3.650. 

Por entonces, la incidencia acumulada en los anteriores 14 días -uno de los indicadores de referencia para valorar la evolución de la pandemia- era de 13,90 casos por 100.000 habitantes. Hoy, de 149,75, la más alta de Europa y a mucha distancia de otros países de nuestro entorno.

Ese plan, que se ha demostrado claramente obsoleto, planteaba un compendio de medidas genéricas para dar una «respuesta temprana» en tres posibles escenarios, según la gravedad de la situación. El eje es el principio de «cogobernanza» con las 17 comunidades autónomas.

El documento plantea un sistema de respuesta en tres fases: la primera, con brotes controlados o casos esporádicos, en la que las comunidades serían las únicas responsables. El segundo, con brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica, obliga al Gobierno a determinar «acciones coordinadas» con varias comunidades. En el tercero, el Ejecutivo adquiere más relevancia -llegando en un caso extremo a una nueva declaración del estado de alarma- en el caso de existir una transmisión descontrolada.

El plan deriva prácticamente toda la responsabilidad de gestión a las comunidades autónomas, que habrán de asegurar la preparación en los ámbitos de salud pública, asistencia sanitaria y laboratorio y medidas farmacológicas y no farmacológicas frente al Covid-19. Así, deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos. Las comunidades deben también activar planes de contingencia en Atención Primaria y Hospitalaria de forma adaptada a cada escenario y garantizar rescursos hospitalarios suficientes, o promover medidas de higiene y distancia personal.

Por otra parte, y ante la situación de mercados tensionados y con objeto de garantizar una rápida respuesta ante nuevas ondas epidémicas o emergencias de Salud Pública, el documento señala que las comunidades autónomas deberán poder garantizar una reserva estratégica de productos críticos que pueda cubrir las necesidades durante un periodo de 8 semanas.

En este sentido, se indica que la reserva nacional dará cobertura al 25% del consumo medio total declarado por las comunidades autónomas durante 2 meses en lo relativo a equipos de protección individual y productos sanitarios. La reserva estará compuesta por equipos de protección individual, técnicas diagnósticas, medicamentos y equipos de ventilación mecánica.

El Gobierno no licitó la compra de dicho material hasta este mes -tras modificar un contrato anterior- de forma que las empresas no podrán comenzar a aportar suministros hasta septiembre.

Sin reservas

La falta de previsión del Ejecutivo ya es evidente. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que depende del Ministerio de Sanidad, anunció este viernes que el ‘stock’ disponible en estos momentos en España de Remdesivir «se va a agotar en las próximas horas debido al incremento del número de casos».

Remdesivir es el único medicamento autorizado, hasta la fecha, contra el coronavirus.

En un comunicado, la AEMPS admitía que cuando se autorizó su comercialización tenían el stock suficiente para poder cubrir las necesidades que había en ese momento del coronavirus, pero tras el aumento de casos, esas reservas se están acabando.

El pasado 1 de julio, la misma agencia aseguraba que tenía suficientes unidades para hacer frente «a la situación actual y posibles brotes».

Alertas

El obsoleto plan del Gobierno obliga también al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) a hacer una evaluación de riesgo en coordinación con la comunidad autónoma para analizar el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.

En este sentido, Fernando Simón -responsable del CCAES- admitía este jueves que la situación es preocupante. «Las cosas no van bien», afirmó. Apenas tres días antes, sostenía aún que el creciente número de contagios eran «subidas suaves».

La evolución desbaratada de la pandemia ha sobrepasado la capacidad de los gobiernos autonómicos, frente a la inacción del Ejecutivo. En todo este mes crítico, pese a que los indicadores se han ido disparando, el Gobierno ha estado sin actividad.

El empeoramiento de los datos no parece afectar a las previsiones inmediatas del Gobierno, reacio a iniciar el cambio legal prometido para que las administraciones tengan más capacidad de actuación, sin necesidad de recurrir al estado de alarma. El Gobierno se comprometió, de hecho, a llevar a cabo esa reforma para afrontar una segunda ola de la pandemia, con la modificación de algunas leyes vigentes, como la Ley General de Sanidad, de Seguridad Nacional o la Ley General de Salud Pública.

El plan de Casado

El Partido Popular presentó hace semanas a Sánchez su propuesta para hacer frente a la pandemia, sin recurrir de nuevo al estado de alarma.

Los ‘populares’ basan su estrategia en que el Gobierno puede tomar el mando sanitario único y establecer limitaciones de movilidad con tres leyes ya existentes. Además, plantean que si el Ejecutivo considera que el marco legal no es suficiente se reforme la Ley de Salud Pública, que ya habilita al Gobierno «a tomar las medidas que sean necesarias», para «el control de enfermos, de las personas que hayan estado o estén en contacto con los mismos, aislando y localizando a sus contactos» y para «limitar las entradas y salidas de zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar los movimientos».

Además, proponen una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales. Así, las resoluciones de las comunidades autómomas o del Gobierno que limiten los derechos serían autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia y el Supremo.

Este mismo jueves, en la reunión de su Junta Directiva Nacional, Pablo Casado destacó la «imprudencia» del socialista por dar el virus por vencido y le acusó de «manipular» las cifras de contagios, de «ocultar» las de fallecidos y de «esconder los estragos» de la epidemia.

Casado ironizó con que en la primera ola Sánchez estaba «convocando la manifestación del 8-M» y la segunda le ha pillado «instalando mosquiteras en Doñana».