Sánchez impidió la explotación de uranio en Salamanca hace cuatro meses en plena crisis energética

En plena crisis energética, con un ambiente prebélico propiciado por las entonces amenazas de Putin contra Ucrania y con los precios de la luz y el gas disparados. Ese fue el contexto en el que, hace cuatro meses, el Gobierno decidió negar la explotación de uranio en Salamanca. No sea que España descubra que pueda tener el material necesario para impulsar centrales nucleares.

El encargado del rechazo a la solicitud fue el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comandado por la ecologista ministra Teresa Ribera. La receptora de las calabazas fue Berkeley Minera España S.L.U.. El rechazo a los intereses de la empresa se comunicó como negativa a la concesión de una autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrado de uranio.

El lugar para el que se solicitaba este permiso era el municipio salmantino de Retortillo. La resolución del Ministerio de Ribera, inmerso en la decisión de forzar una transición obligatoria hacia las energías eólica y solar, se firmó después de que el 13 de julio el Consejo de Seguridad Nuclear informara de forma negativa a la solicitud de la misma Berkeley del 7 de septiembre de 2016.

El argumento estrella de esa denegación pasaba por considerar que el deseo de explotar el uranio incluía excesivas incertidumbres, entre otras cuestiones, por motivos geotécnicos e hidrológicos. El informe, de naturaleza vinculante, despejaba el camino de Ribera para rechazar el deseo de Berkeley, especialmente tras haber cumplido con el trámite de audiencia a los interesados abierto el 21 de julio.

Recelos españoles a la energía nuclear

Pero a nadie se le escapa la cercanía del Consejo de Seguridad Nuclear: estaba presidido en ese momento por Josep Maria Serena i Sender, propuesto personalmente por la propia ministra Ribera. Este pasado y muy reciente 24 de febrero, de hecho, ha dimitido Serena. Los motivos de la dimisión esgrimidos son estrictamente «personales y familiares», según afirmaron fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear.

Serena i Sender, doctor ingeniero industrial y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental, fue, efectivamente, propuesto para el cargo hace dos años por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El proyecto de Berkeley se basaba en dos vías de negocio. En primer lugar, en la explotación de la que podía haberse convertido en la única mina de uranio a cielo abierto de Europa. En segundo lugar, en la construcción de la citada planta para tratar el uranio. El permiso inicial fue tramitado en 2016. Pero los recelos españoles a la energía nuclear han llevado la denegación definitiva hasta nuestros días.

Hasta 2012, de hecho, una empresa estatal, Enusa, había permanecido en un consorcio con Berkeley para impulsar estos proyectos. Ese año Enusa abandonó el proyecto. La propia Enusa se retiró en 2000 de los yacimientos de Saelices El Chico, también en Salamanca, esgrimiendo la baja rentabilidad que ofrecían. En esta última ocasión, la baja rentabilidad no debería haber supuesto un problema, puesto que los costes corrían a cargo de una empresa privada. De Berkeley.

Todo esto ocurrió en las fechas previas a los actuales niveles de precio de la electricidad. Ahora, tras varios días subiendo de manera sostenida, y tras el espectacular alza del pasado jueves por invasión rusa de Ucrania, el precio medio de la luz se situó este último viernes en los 340,70 euros/MWh, alcanzando en algunos momentos del día los 410 euros. Un aumento espectacular si se compara con los 254,03 euros/MWh registrados hace tan sólo dos días.