Sánchez excluye a 361 víctimas de ETA en la comisión para criminalizar la Transición que le exige Bildu

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes la creación de la comisión, impuesta por Bildu, para determinar si existieron violaciones de derechos humanos después del franquismo, entre los años 1978 y 1983, es decir, ya en plena democracia e incluso bajo el gobierno de Felipe González. Se trata de una exigencia de la formación proetarra al Gobierno que facilitó la aprobación, en octubre de 2022, de la autodenominada Ley de Memoria Democrática, una ley bandera para Pedro Sánchez que pudo salir adelante gracias al partido de Arnaldo Otegi.

Esa comisión, que tendrá por objetivo «elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos», no reconocerá a los asesinados por ETA en ese periodo, el más duro de la violencia terrorista. Entre 1978 y 1983, 361 personas fueron asesinadas por la banda etarra.

«El objetivo de la comisión es elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas», indican desde Moncloa.

Es decir, en ningún caso se tendrá en cuenta la violencia criminal de ETA, que Bildu -socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez- nunca ha condenado. En su lugar, se criminalizará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que los proetarras acusan de «torturas» en la lucha contra el terrorismo.

La comisión tendrá un plazo de un año para publicar sus conclusiones y no podrá considerar víctimas a personas vinculadas con organizaciones terroristas, según ha indicado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres.

Las otras dos comisiones de trabajo aprobadas este martes versan sobre la «memoria y la reconciliación» con el pueblo gitano y sobre las medidas económicas de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Exigencia de Bildu

La creación de esa comisión fue una exigencia de Bildu a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo a la Ley de Memoria Democrática. El partido de Otegi quiere que se «repare» a quienes sufrieron «torturas» o fueron objeto de la llamada «guerra sucia» contra ETA, lo que podría afectar a los GAL en el primer año del mandato de Felipe González.

Bildu quiere además extender la aplicación de la ley y ampliarla a «todas las víctimas de todas las fases históricas que aún siguen sin ser reconocidas», como lo que han dado en llamar «terrorismo de Estado».

El partido sostiene que durante el «conflicto político» en el País Vasco se produjeron «cerca de 400 asesinatos» -sin que esas víctimas, denuncian, hayan sido reconocidas ni sus culpables condenados-, así como «miles de torturados». En concreto, acusan al Estado de la práctica sistemática de la tortura a «4.000 personas».

Este mismo martes, la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha celebrado la decisión del Consejo de Ministros al señalar que esta comisión «contribuirá al esclarecimiento de las vulneraciones de derechos humanos más allá del franquismo».

La portavoz proetarra considera que se trata de un avance «relevante» que debe servir par «abrir vías de reconocimiento oficial y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el post-franquismo; víctimas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora», según ha indicado.

La comisión de trabajo sobre vulneración de derechos hasta 1983 la integran el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y una docena de vocales: entre ellos, el cofundador del sindicato Comisiones Obreras Nicolás Sartorius o el presidente de la Fundación por la Paz, Federico Mayor Zaragoza.