Sánchez encargó en secreto al Ministerio de Ciencia un informe clave para exhumar a Franco

El Ministerio de la Presidencia, a través de Patrimonio Nacional, encargó el pasado mes de marzo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, un informe de viabilidad sobre el plan de exhumación de Franco.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido en secreto durante estos meses dicho contrato adjudicado al CSIC. Un asesoramiento del que tampoco se había avanzado nada por parte de Moncloa.

En concreto, se trata de un «contrato menor» con el siguiente objeto: «Informe pericial que valore la viabilidad de las soluciones técnicas previstas el Proyecto de actuaciones arquitectónicas en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

Así, evitando el concurso público, Patrimonio Nacional licitó un contrato de 8.000 euros que fue a parar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con un importe de adjudicación de cero euros. La fecha de dicha adjudicación fue el pasado 18 de marzo de 2019, con una ejecución prevista ente el 19 y el 25 del mismo mes.

Este informe pericial sirve al Gobierno para asegurarse desde un punto de vista científico que no habrá anomalías en los trabajos arquitectónicos y forenses que se desarrollen en la Basílica de la Santa Cruz durante el traslado de los restos del dictador. El Tribunal Supremo (TS) mantiene suspendida cauterlamente esta pretensión del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez a la espera de pronunciarse sobre el recurso de la familia Franco en los próximos meses.

Al límite de lo legal

El citado contrato, con número de expediente 2019/CAR0022, fue publicado por el Gobierno en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 17 de junio, justo al límite de lo legalmente establecido. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) señala los contratos menores deben publicarse «trimestralmente» en dicha plataforma.

El Ejecutivo ha recurrido así a investigadores del CSIC para cerciorarse de que el plan de exhumación de Franco que elaboraron los servicios técnicos de Patrimonio Nacional puede llevarse a cabo sin riesgos ni sobresaltos. Dicho plan fue encargado por el Gobierno a Patrimonio Nacional vía acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre.

El apartado segundo del citado acuerdo ordenó «a la Ministra de Justicia que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo, en su caso, la exhumación , cuya redacción habrá de encargarse a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional, en su calidad de Patrono de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

«A toda prisa»

El 13 de noviembre de 2018, el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, dio instrucción a la Dirección de Inmuebles y Medio Natural del organismo público para la redacción de «manera inmediata» del mencionado proyecto, en cumplimiento del mandato del Consejo de Ministros. Tan inmediata fue su elaboración que al día siguiente ya estaba concluido y firmado dicho informe, de breve contenido, por el director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao.

La Familia Franco ha denunciado en los tribunales que el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado «solicitó a toda prisa el 13 de noviembre» el proyecto para la exhumación, que «se confeccionó en un sólo día firmándose al día siguiente».

El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se basó en este escueto documento para dar luz verde a la licencia de obra municipal en la Basílica de la Santa Cruz, un trámite que fue suspendido por el magistrado José Yusty Bastarreche, siendo titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, el 25 de febrero de 2018. Pocos días antes de que el Gobierno de Sánchez encargara el informe pericial, más científico, al CSIC. El contenido de este documento se desconoce por completo.

La Abogacía del Estado recusó al juez Yusty por un artículo crítico con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor de la Ley de Memoria Histórica que ha sido reformada por el Gobierno de Sánchez para exhumar a Franco. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que pronunciarse todavía sobre dicha recusación que solicitó la Abogacía del Estado y rechazó la Fiscalía.