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PSOE

Sánchez aprobará mañana un «plan de acción por la democracia» para meter en cintura a los medios críticos

La idea del plan sanchista surgió tras los 5 días de reflexión por la imputación de Begoña Gómez

  • Joan Guirado
  • Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes un «plan de acción por la democracia», que Pedro Sánchez anunció en verano, para meter en cintura a los medios críticos. El dirigente socialista promovió esta nueva mordaza contra los periodistas como respuesta a las informaciones periodísticas que permitieron imputar a su esposa, Begoña Gómez.

Se trata, según ha explicado el presidente, de «un plan que emana de nuestra Constitución, del Parlamento Europeo y la Comisión Europea», aunque las primeras noticias de él surgieron tras los cinco días de reflexión por la imputación de su mujer, Begoña Gómez. En opinión del líder socialista, con estas medidas el Gobierno pretende «defender el derecho de nuestros ciudadanos a una información veraz». Pedro Sánchez ha manifestado que estas nuevas normas sobre los medios «nos va a ayudar a dotar de más transparencia, más pluralidad y más garantía a las Cortes Generales y a nuestro ecosistema informativo».

El líder socialista ha hecho el anuncio de la fecha de aprobación ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, reunidos en el Congreso de los Diputados, a los que se ha dirigido con motivo del arranque del nuevo curso político. Por ahora, por eso, ha rechazado dar más detalles del mismo plan que saldrá adelante gracias a los votos de la coalición socialcomunista. Sánchez se ha limitado a hablar de que «la democracia está siendo asediada por las campañas de desinformación y bulos y corruptelas que tenemos todos en mente».

El jefe del Ejecutivo ha destacado que ese plan, que se ha redactado hablando con asociaciones profesionales y directores de algunos medios de comunicación cercanos al Partido Socialista, «emana» de la Constitución. Algo que, según ha recordado, «defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz», y también de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Por eso, ha dicho confiar en que cuente con el apoyo de «todos los demócratas» del país.

En un mensaje claramente dirigido al principal partido de la oposición, al PP, que de inicio criticó la voluntad controladora del nuevo plan de Sánchez, el presidente ha trasladado que «no se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones».

Según Pedro Sánchez, ese plan de acción ayudará a «dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías» a las Cortes Generales y al «ecosistema informativo» y servirá para hacer frente a la «desinformación» y la «máquina del fango» que asedian a la democracia.

El nuevo plan de medios

Ni en el anuncio de este martes por parte del presidente, ni en las ocasiones previas en las que Sánchez u otros ministros han hecho referencia al mismo, nadie ha dado mucho detalle de como iba a ser este plan. Ni tan siquiera se han filtrado detalles en su proceso de redacción, con asociaciones de prensa y directores de medios afines como ponentes. Un proceso que se ha llevado con mucho sigilo. Sí se sabe, por ejemplo, que una de las obligaciones que tendrán los propietarios de los medios en España es hacer público el nombre de todos los accionistas y como se financian las empresas.

También se limitará la publicidad institucional en aquellos medios de comunicación que, según los expertos que han redactado el plan, no se ajusten a los estándares de información que se requieran. Lo que puede poner en un serio riesgo la viabilidad de muchas empresas y beneficiar aún más a todos aquellos que son amables con el poder. Otra de las cuestiones que se podría incluir, a falta de conocer los detalles, son una reforma de las leyes de rectificación y del derecho al honor, que ambas son de los años 80. La línea roja de algunas de las normas que se incluirán, que chocan con el derecho a la libertad de expresión, pueden provocar que el plan no cuente con los apoyos parlamentarios dado la frágil mayoría del Gobierno de coalición.