Sánchez admite en el Congreso que no piensa hacer nada contra los homenajes a etarras

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 17/07/2022 20:15
  • Actualizado: 17/07/2022 20:18

El Gobierno descarta actuar contra los actos de recibimiento a etarras , tal y como prometió a las víctimas, y pese a la recomendación de la Unión Europea que, recientemente, le instó a «impulsar» medidas contra los recibimientos a etarras.

En plena sumisión de Pedro Sánchez a Bildu -partido que se ha convertido en decisivo para sacar adelante varias de sus últimas medidas legislativas como la llamada Ley de «Memoria Democrática»- el Ejecutivo ha confirmado al Congreso de los Diputados su negativa a tomar medidas contra los homenajes a los terroristas.

El Gobierno, en una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se limita a afirmar que estos actos «tienen el rechazo de todo el Gobierno y de todas las fuerzas políticas democráticas» y, a su vez, deriva a la Justicia toda la responsabilidad de impedir que se celebren.

«Los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan llevando a cabo una intensa labor de seguimiento y monitorización de todas aquellas actuaciones que pudieran ser constitutivas de las presuntas figuras delictivas tipificadas en el artículo 578 del Código Penal», subraya el Gobierno en su respuesta, y añade que «de forma previa a la celebración de estos actos, las medidas a adoptar vienen implícitas en el cumplimiento de la ley, tratándose de una respuesta judicial, con la prohibición de los mismos, si se considera que los mismos pudieran responder a un delito de enaltecimiento o humillación a las víctimas».

No obstante, precisa el Gobierno a continuación, «el reproche penal tiene dificultades para prosperar en su aplicación», señalando que, para que las conductas puedan ser «penalmente punibles» requieren «generar acciones o expresiones que entrañen riesgo cierto para las personas».

En noviembre pasado, una comisión del Parlamento Europeo visitó España en el marco de una misión sobre el esclarecimiento de los crímenes de ETA sin resolver. Como conclusión, elaboró un informe de recomendaciones que, entre otros puntos, insta a «impulsar, desde todas las instituciones competentes, que se evite el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo».

Homenajes

En su respuesta, el Ejecutivo recuerda además que «las recomendaciones que hace el Parlamento Europeo se hacen a las autoridades españolas, no sólo al Gobierno». Incluso sugiere que «no puede obligar» al Congreso a aprobar una norma para prohibir los homenajes.

«De hecho, y con base en un principio básico como es la separación de poderes, el Gobierno no puede ordenar al Poder Judicial a que interprete el Derecho de una u otra forma, ni puede obligar a las Cortes Generales a que aprueben una normativa en el sentido que se propone en las recomendaciones», subrayan desde el Gobierno.

Sánchez rechaza así tomar medidas contra unos actos que suponen un evidente menosprecio a las víctimas, pese a que el Gobierno les prometió una reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para sancionarlos.

El año pasado, el colectivo de presos etarras EPPK aseguró que los actos se llevarían a cabo de forma «discreta» y «privada», lo que fue celebrado desde el Gobierno. Pese a ello, estos homenajes se han seguido celebrando en la vía pública y de forma visible. En estos meses se han conocido varios actos de apoyo a los etarras en las calles del País Vasco, como las concentraciones por el sanguinario Henri Parot; el homenaje a Ignacio Martín Echeverría, Mortadelo, en Pamplona; el recibimiento al que fuera jefe de ETA Mikel Antza a su llegada a los juzgados de San Sebastián para declarar por su implicación en el asesinato del teniente de alcalde de la ciudad Gregorio Ordóñez, en 1995, o un simulacro de cena de Nochebuena en apoyo a los presos etarras en el centro de Bilbao.

Por otro lado, como ha revelado OKDIARIO, el Gobierno también se opone a que los crímenes contra ETA sean considerados como delitos de lesa humanidad, lo que permitiría actuar contra decenas de asesinatos aún sin resolver.