Los retos sociales a los que se enfrenta Pedro Sánchez: delitos sexuales, dependencia y concertinas

Así, el nuevo Gobierno previsiblemente seguirá adelante con la reforma del Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. La revisión de los delitos sexuales se puso encima de la mesa tras la polémica sentencia que condenó a los cinco miembros de ‘La Manada’ por un delito de abuso sexual y les absolvió del de agresión, al no apreciar ni violencia ni intimidación en los hechos.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el pasado mes de junio, ha defendido suprimir el «abuso» para considerar todo «agresión», aunque finalmente no aprobó esta modificación debido a la convocatoria anticipadas de los comicios y, por ello, se quedó en el aire. El PSOE y Podemos incluyen en sus programas electorales esta propuesta, en aras de defender que ‘no es no’, y todo lo que no sea ‘sí’, es un ‘no’.

En la lucha contra la violencia de género, el nuevo Ejecutivo deberá dar cumplimiento a las 213 medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado por el Parlamento en 2017. Tal y como consta en este acuerdo, debe financiarse con 200 millones de euros anuales.

Asimismo, en la pasada legislatura quedó pendiente la aprobación de la Ley contra la violencia hacia la infancia. Aunque la proposición de ley fue aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre, la convocatoria de elecciones generales impidió que culminara su tramitación en el Parlamento. El texto incluía aumentar el plazo de la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores hasta que la víctima cumpla 30 años.

Lucha contra la pobreza

Además, el nuevo Ejecutivo tendrá que asumir el reto de erradicar la pobreza. En España, un 26,6 por ciento de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social, un total de 12,3 millones de personas, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Además, esta situación afecta especialmente a la población infantil. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada tres menores en España vive bajo el umbral de la pobreza.

Para combatir este problema, el Gobierno de Sánchez creó el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, a través del cual se impulsó una batería de medidas como el aumento hasta los 588 euros de la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza severa. Con esta medida, que entró en vigor el pasado 1 de abril, el Ejecutivo pretendía sacar de la pobreza severa a 82.000 niños en España, del total de 700.000 que viven en esta situación.

El objetivo final del Ejecutivo era poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital estatal de carácter no contributivo «que asegure a las personas un nivel básico de renta con el fin de evitar que ninguna persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección».

En el ámbito de la conciliación y con el fin de erradicar la brecha salarial de género, el Gobierno de Sánchez aumentó el permiso de paternidad hasta las ocho semanas, una medida que entró en vigor el pasado 1 de abril. El PSOE quiere ampliarlo de forma progresiva: a 12 semanas en 2020 y a 16 en 2021.

En cuanto a la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, el nuevo Gobierno tiene el cometido de reducir la lista de espera de las personas que aun teniendo reconocida la prestación a la que tienen derecho, sin embargo, no la reciben. En total hay 253.346 personas en esta situación de ‘limbo’.

Otro de los aspectos aún pendientes de resolver en materia de discapacidad es la demandada reforma del Código Penal para acabar con la esterilización forzosa de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, cuyo artículo 156 permite esta práctica, contraria a la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace ya doce años.

Accesibilidad universal

La accesibilidad universal es otra de las cuestiones que se quedó en el aire. El 4 de diciembre de 2017, se acabó el plazo para que en España fueran accesibles a las personas con discapacidad todos sus espacios públicos, bienes y servicios y la situación, un año y tres meses después, continúa igual, según el colectivo.

Se trata de acatar el Real Decreto legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula, armoniza y aclara las leyes en materia de discapacidad aprobadas con anterioridad, además, da cumplimiento a la Convención Internacional.

A esto se añade la reforma pendiente de la Ley de Propiedad horizontal, pues la falta de accesibilidad en edificios obliga a muchas personas con movilidad reducida a vivir encarceladas en su propio domicilio del que no pueden salir por si mismas.

Ayuda al desarrollo

En el ámbito internacional, el nuevo Gobierno tienen el reto de elevar la ayuda al desarrollo (AOD) para que alcance el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB). El objetivo de que los países eleven al 0,7 por ciento del PIB la ayuda oficial al desarrollo lo adoptó en 1970 la Asamblea General de la ONU y, aunque la propuesta original era alcanzarlo en 1975, desde entonces es una reivindicación histórica de las ONG de ayuda al desarrollo.

En su programa electoral, el PSOE propone alcanzar esta meta en el año 2030, al igual que Ciudadanos; mientras que Unidas Podemos es más ambicioso y se marca el 2027. Asimismo, el Gobierno de Sánchez ya propuso en el Congreso abrir un proceso largo para reformar, con consenso, la ley de cooperación.

Gestión de la inmigración

En materia migratoria, el nuevo Gobierno previsiblemente continuará con el compromiso de suprimir las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla por unos medios «menos cruentos» que preserven la seguridad en las fronteras. Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas cortantes instalados en las vallas fronterizas desde el año 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó recientemente un proyecto de modernización de la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos que, debido a la convocatoria de elecciones, no finalizó, con lo que la retirada definitiva de las concertinas deberá llevar a cabo en esta nueva legislatura.

También se comprometió a acometer la «reforma integral» de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España y a la construcción de un nuevo en Algeciras (Cádiz) antes del año 2022.

En la anterior legislatura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se marcó como objetivo reducir a un 50% las llegadas de inmigrantes en pateras –tras un 2018 que ha registrado cifras récord con casi 60.000 llegadas, superándose así los datos durante la crisis de los cayucos de 2006–, por lo que previsiblemente seguirá trabajando para lograrlo.

Con la convocatoria anticipada de los comicios, también quedó pendiente la aprobación de otras leyes en materia social, como la ley de igualdad LGTBI y la tramitación de una Ley de Transexualidad, cuyo impulso dependerá del apoyo parlamentario.