El PSOE al votar la amnistía de 1977: «Ahora quien viole las reglas deberá soportar el peso de la ley»

La nueva Ley de Amnistía que el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha diseñado con los independentistas catalanes a cambio de sus votos para ser investido hace varias referencias a la Ley de Amnistía de 1977, sin embargo, esa ley se aprobó para poner fin «a una época» y comenzar una nueva en la que «quien no respete las reglas democráticas, deberá soportar el peso de la ley y las sanciones que el ordenamiento democrático establezca para la salvaguarda de la libertad y de los derechos de los ciudadanos».

El socialista José María Benegas, encargado de defender el voto favorable del PSOE a esa ley en el Congreso de los Diputados en 1977, fue quien pronunció esas palabras, dejando patente que la amnistía se aprobaba con el espíritu de cerrar una época y empezar una nueva en la que regiría el imperio de la ley. Sin embargo, los socialistas de hoy han traicionado totalmente ese espíritu para que los independentistas que trataron de subvertir el orden constitucional en España cometiendo ilegalidades entre 2012 y 2023 se sitúen por encima de la ley y no paguen por sus delitos.

El texto de la proposición de Ley de Amnistía que ha presentado este lunes el PSOE en la Cámara Baja, recuerda en su exposición de motivos que «la amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica» y pone como ejemplo la de 1977.

«En ese momento, formaban parte del conjunto de actos con los que se pretendía poner fin a una larga dictadura para iniciar la construcción de un Estado social y democrático de derecho en el marco de la Unión Europea, presidido por el reconocimiento de un amplio elenco de derechos fundamentales y por la división de poderes», explica el texto, que señala que hoy España «se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales».

A pesar de que la amnistía no figura en la Carga Magna y una amplia mayoría de juristas concluyen que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, el PSOE asegura en la exposición de motivos de la ley que la amnistía «sólo puede fundamentarse en la solidez del sistema democrático que demuestra así su capacidad de conciliación a través de un acto soberano de las Cortes Generales, cuya legitimidad encuentra fundamento en dos pilares de distinta naturaleza: por un lado, la constitucionalidad de la medida y, por otro, la necesidad de abordar una situación excepcional en pro del interés general, apostando por un futuro de entendimiento, diálogo y negociación entre las distintas sensibilidades políticas, ideológicas y nacionales».

De esta forma, el PSOE da por hecha la «constitucionalidad» de la amnistía, a pesar de que aún no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y que no son pocas las voces que claman que se trata de una ley flagrantemente inconstitucional.

Con todo, para los socialistas, la amnistía, «lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional».

Un pacto que iniciaba una época en la que, según los propios socialistas, deberían ser «respetadas las reglas democráticas establecidas por la voluntad popular» y, si no, «soportar el peso de la ley y las sanciones», que ahora queda violado por los propios socialistas.