España
COMUNIDAD DE MADRID

El PSOE quiere fiscalizar los fondos de la UE en Madrid mientras impide al PP hacerlo en el Congreso

El PSOE no ceja en su empeño de fiscalizar los fondos europeos que administra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Después de que la Mesa de la Asamblea haya rechazado esta semana crear una Comisión de Seguimiento de los Fondos Europeos, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha anunciado que su Grupo Parlamentario hará un estrecho marcaje a la distribución de esos fondos mediante una batería de preguntas y de peticiones de comparecencias en la Cámara regional.

Una postura que pone en evidencia la doble vara de medir del PSOE en función de quién controla el dinero de esos fondos de recuperación de la Unión Europea (UE) para hacer frente a la crisis derivada del Covid-19.

Así, mientras que desde el Gobierno central han impedido que el PP cree un organismo de control en el Congreso y censuran continuamente que el PP les ponga «chinas en el zapato» ante Bruselas por censurar esa opacidad con la que manejan las ayudas, cuando no son ellos los que controlan el dinero, la película es muy diferente.

En Madrid, los socialistas se muestran «absolutamente indignados» porque la Asamblea haya rechazado poner en marcha esa comisión y han insinuado que esa «opacidad» puede derivar en «corrupción».

Una corrupción, sin embargo, en la que no creen que pueda caer el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que hasta el Consejo de Estado alertó en un informe, que el Ejecutivo se esforzó por ocultar, de la falta de control en el reparto de los fondos de la UE.

En el citado informe, el Consejo censuró al Gobierno de PSOE-Podemos por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» en el decreto para el reparto de los 140.000 millones de euros que llegarán a España procedentes de Bruselas hasta 2026.

El Consejo que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega subrayó «la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones».

Unos controles que, al parecer, son muy necesarios cuando el dinero lo controla el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso -que, por cierto, va a contratar a la empresa número uno en servicios profesionales del mundo, Deloitte, para controlar el reparto de los fondos, algo que tampoco gusta al PSOE- pero no así cuando quien lo hace es el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ayuso ya criticó la discriminación que, a su juicio, se hizo con Madrid en el reparto de fondos al recibir tan sólo un 12,8% del total, a pesar de que la Comunidad de Madrid supone un 14,2% de la población total de España y aporta un 19,3% del Producto Interior Bruto (PIB).