El PSOE de Vara dispara un 337% las subvenciones sin control a los sindicatos en plena investigación judicial

Las subvenciones a UGT y CCOO han sido reformadas por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara con un fin: que el dinero recibido por los sindicatos quede sin control. Los populares denuncian ya el “flagrante incumplimiento” de la Ley 3/2003 sobre Participación Institucional de los Agentes Sociales más Representativos. El PSOE ha reagrupado las ayudas en una ‘partida única’ para sindicatos y patronal para, en primer lugar, aumentar más de un 300% la asignación en concepto de participación institucional y para, en segundo lugar, eliminar las posibilidades de control que permitían hasta ahora las partidas finalistas reguladas en el pasado.

El Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara acaba de dar carta blanca a sindicatos y patronal para que disparen su gasto institucional a cuenta del bolsillo de los extremeños sin saber el destino final del dinero. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura incorpora todo un regalo de Navidad para UGT y CCOO: una extraña reagrupación de fondos nunca vista con anterioridad en las cuentas de la región.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado a OKDIARIO que la Junta ha incumplido la legislación al redistribuir en los Presupuestos de 2020 las partidas que han servido hasta el momento para financiar a los sindicatos y a la patronal. El PP ha denunciado ya el “flagrante incumplimiento” de la Ley 3/2003 sobre Participación Institucional de los Agentes Sociales más Representativos.

Hernández Carrón ha advertido de que se ha realizado una agrupación de esas partidas que antes estaban diseminadas por varias consejerías y que ahora se concentran en una sola dentro de la sección 10 correspondiente a la Consejería de Hacienda. “Lo que decimos es que se está incumpliendo la ley”, ha subrayado.

El Gobierno de Guillermo Fernández Vara ha dotado con 618.461 euros los recursos asignados a sindicatos y a la patronal para el ejercicio 2020, cuando el pasado año, en los Presupuestos de 2019, se aprobó una dotación similar repartida en distintos servicios dentro de la sección 13 y 14 de los presupuestos extremeños. La sección 10 sólo contaba el pasado ejercicio con 183.402 euros, por lo que crece un 337% en estas cuentas.

El PP exige una explicación

El Grupo Popular ha preguntado ya a la Junta a qué se debe la modificación. Pero una de las claves señaladas por el PP está en la naturaleza del gasto, que hasta ahora se dedicaba a asuntos como la prevención de riesgos laborales, planes de empleo o promoción turística, y que ahora -sin control finalista- va a permitir financiar gastos generales de los sindicatos.

Hernández Carrón ha insistido en que la ley que regula la financiación dirigida a los agentes sociales recoge en su artículo sexto que la cuantía a transferir a las organizaciones ha de ser revisada anualmente de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el IPC en el ejercicio anterior. Además, ha explicado que hay un techo, que es el crecimiento anual del presupuesto. “Que yo sepa el IPC del año pasado no creció un 337%, sino un 0,5%”, ha señalado.

El portavoz adjunto del GPP ha reiterado que, en base a estas evidencias, el Presupuesto que ha presentado la Junta contiene “ilegalidades manifiestas” y conculca las propias leyes de la comunidad autónoma.

Hay que recordar que UGT y CCOO se encuentran en estos momentos inmersos en un caso judicial en Extremadura por haber participado en una trama de desvío de fondos de formación cuyo impacto podría superar los 100 millones de euros, según la acusación popular del PP. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado ya en su investigación que ambos sindicatos han operado, además, con una red conjunta de empresas encargada de elevar falsamente el coste de los servicios de formación prestados a los trabajadores y parados con el fin de quedarse el inflado de las facturas.

Posteriormente, el dinero -cargado a las subvenciones públicas que concedía el Gobierno socialista de Fernández Vara y de su predecesores del PSOE- se ha desviado durante años a Madrid con el fin de costear los gastos generales de ambos sindicatos, tal y como refleja el informe de la Fiscalía y de la Guardia Civil (UCO) publicados por OKDIARIO.