La prostitución rompe al Ministerio de Trabajo: busca el dinero de la legalización, pero teme a Podemos

El Ministerio de Trabajo liderado por Magdalena Valerio se encuentra en plena crisis. Lo que comenzó como “el gol por la escuadra” de la legalización del sindicato de prostitutas se ha convertido en motivo de disputa entre aquellos que sopesan su posible legalización y los que la rechazan de plano. Un debate de fondo convertido en litigio en la Audiencia Nacional.

Este miércoles, la Audiencia analizará las demandas interpuestas por colectivos feministas en contra de la legalización del sindicato de prostitutas que el Gobierno autorizó. Dos demandas en juego. La primera, de la asociación pro Derechos Humanos L’Escola, contra la inscripción del sindicato que hizo la Dirección General de Trabajo. La segunda, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, contra los propio estatutos del sindicato.

Todo comenzó a principios de julio, coincidiendo con el periodo vacacional, cuando se firma la legalización del sindicato de prostitutas ‘Otras’. La firma que aparece es la de Concha Pascual, Directora General de Trabajo. Para que este documento fuese firmado por Pascual, la directora tuvo que consultar a su superior, en este caso Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Empleo.

Un mes después, tras la presión de los colectivos, la ministra Valerio asegura que desconocía la legalización del sindicato y que le habían metido “un gol por la escuadra”. Días más tarde la firmante Concha Pascual es obligada a presentar su dimisión a pesar de haber cumplido órdenes de su superior, Yolanda Valdeolivas, que continúa en su puesto y que fue defendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cabe incidir en que es precisamente el testimonio de Pascual uno de los que se escuchará este miércoles en la Audiencia Nacional.

La inestabilidad ha provocado un disputa interna en el Ministerio entre aquellos en contra de la legalización del sindicato y aquellos a favor de hacerlo. Los intereses de ambos bandos son claros: unos temen la presión del sector feminista y de partidos como Podemos; los otros abogan que la legalización del sindicato sería el primer paso para legalizar una actividad que genera 3.000 millones de euros anuales.

A favor

En este sentido existen dos factores clave: el hecho de apoyar esta práctica y regularla; y la generación de impuestos a través de ella.

La prostitución mueve más de 3.000 millones de euros al año. Si la legalización de esta actividad llega a materializarse y regularse, el Estado tendría a mano una importante inyección económica.

Es la propia secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, la misma que se desentendió del «gol por la escuadra» y asumió la dimisión de Pascual, quien tiene un pasado favorable a la legalización. En 2015, siendo profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, firmó un manifiesto a favor de ello.

En contra

El PSOE se ha mostrado contrario a la idea de la legalización del sindicato de prostitutas. Al menos, de cara al público. La asociación L´Escola AC, que interpuso la demanda contra el Ministerio de Trabajo, ha generado un gran movimiento en torno a la causa que ha hecho recular al partido y al Gobierno.

Además , varios sindicatos feministas han continuado presionando a los de Sánchez para que no continúe con el plan que, pese a negarlo, habían comenzado a principios de su mandato.

Otro de los factores que juega en contra de esta medida es la irrupción de Podemos como socio clave del gobierno de Sánchez. Podemos se ha mostrado totalmente contrario a ello y así lo ha transmitido al presidente.

Estos factores han determinado la decisión de Sánchez y del Ministerio de Trabajo que aún debe enfrentar las demandas en su contra presentadas en la Audiencia Nacional.