El PP exige una comisión de investigación sobre la malversación en la Diputación de Barcelona

El diputado portavoz del PP Catalán en la Diputación de Barcelona, Ramon Riera, ha exigido hoy a la presidenta de esta institución, Mercè Conesa, la creación de una comisión de investigación sobre el desvío de subvenciones para actividades relacionadas con el referéndum ilegal de independencia, así como el cese de los miembros de la institución implicados.

En una carta enviada a Conesa, Riera pide explicaciones a la presidenta de la Diputación de Barcelona por «las informaciones sobre presunta malversación, prevaricación, negociación prohibida al funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones».

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a 30 personas, entre ellas también el expresidente de la Diputación por CiU Salvador Esteve —que quedó en libertad, al igual que la mayoría de los arrestados—, por su supuesta implicación en el desvío de al menos dos millones de euros públicos del organismo provincial para proyectos de cooperación.

El juez que investiga la trama dejó en libertad provisional a los cinco detenidos clave: el presidente y patrón de la Fundación CATmón, Víctor Terradelles; el alcalde de Tordera (Barcelona), Joan Carles García; el subdirector general de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jordi Castells; el jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jonathan Jorba; y el director de Pimec hasta 2014, Joaquim Ferrer.

«Debemos conocer toda la información y solicitaremos una comisión de investigación para llegar al fondo de este asunto tan preocupante y que afecta a fondos públicos», ha señalado Riera, según un comunicado de la formación popular.

Los populares apuntan por ejemplo a Víctor Tarradellas (PDeCAT) o a Joan Carles García Cañizares, ex director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación entre 2011-2015 y actual portavoz del Grupo de CiU, que fue detenido en el marco de la operación, un «hecho tan grave requiere de todas las explicaciones posibles».

Es por ello que Riera pide a Conesa que «dé los pasos necesarios para la constitución inmediata de una comisión de investigación sobre dicho departamento»; además de que, «para salvaguardar la reputación de la Diputación, proceda a cesar a los empleados de la Diputación que sean objeto de un auto firme de procesamiento».

El dirigente considera que «para preservar la honorabilidad de la institución que representa a millones de ciudadanos de la provincia de Barcelona», se cese de forma inmediata a «todos aquéllos que han sido detenidos o estén investigados por la UDEF a la espera que se ponga en marcha la comisión de investigación».

Por otro lado, el PPC también denuncia presuntos casos de «mobing, acoso sexual y maltrato en este departamento, que se unen a la presunta corrupción y desviación de fondos», y asegura que «según informaciones recibidas, existen informes que alertaban sobre estas prácticas y nunca llegaron a hacerse públicos».

Los populares catalanes consideran pues «imprescindible» una comisión de investigación que «aporte luz sobre estas presuntas prácticas ilegales y aclare el nivel de corrupción en el que está inmersa la Diputación de Barcelona».