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Tribunales

Los policías se querellan contra Santaolalla por llamarles «franquistas» y «racistas» en TVE

Tras unas declaraciones que la tertuliana hizo este lunes en ‘Mañaneros’, el programa de su pareja

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha querellado contra Sarah Santaolalla, colaboradora de los programas de RTVE Mañaneros, que dirige Javier Ruiz, su pareja sentimental, y Malas Lenguas, que presenta Jesús Cintora, por un delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por tildar a los agentes de «franquistas» y «racistas» en TVE.

La querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, ha sido presentada este martes ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por este sindicato, como perjudicado del delito cometido. El SUP da este paso «para salvaguardar el honor y el prestigio de los policías», como hizo cuando se querelló contra la líder de Podemos, Ione Belarra, ante el Tribunal Supremo por delito de odio e injurias tras sus declaraciones en Torre Pacheco (Murcia) tildando también a los agentes de «fascistas».

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, en el programa Mañaneros, donde la querellada «arremetió públicamente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que atribuyó una contaminación ideológica vinculada a ideas relacionadas con el fascismo y racismo».

En concreto, dijo lo siguiente: «¿Por qué la Policía agrede a gente con la bandera de Palestina y no a gente con la bandera del aguilucho? ¿El aguilucho te hace inmune para la Policía? ¿El aguilucho te da protección? ¿El aguilucho hace que no te detengan?».

Santaolalla acusa a la Policía de «agredir»

El SUP expone en la querella que con tales declaraciones Santaolalla hace «una imputación generalizada hacía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que atribuyó una contaminación ideológica al insinuar que su actuación varía en función de la ideología de los ciudadanos», llegando incluso a afirmar la tertuliana que la Policía Nacional «agrede».

El sindicato explica que «lejos de detenerse ahí», la querellada añadió que las  supuestas agresiones «varían en función de la ideología de los ciudadanos en cuestión, no dudando en afirmar que la Policía Nacional agrede a quienes portan símbolos palestinos, pero no a quienes exhiben la bandera franquista, conocida popularmente como del aguilucho».

Daña el prestigio de la Policía

El SUP sostiene que tales manifestaciones «trascienden con mucho los límites de una crítica política formulada en el contexto de un debate televisivo, para convertirse en una descalificación pública, falaz y gravemente ofensiva respecto de la conducta profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Además, denuncia que con ello, se proyecta ante la sociedad «una imagen de la Policía Nacional absolutamente alejada de la realidad sobre la labor policial, vinculando ideológicamente a dicha Institución con el fascismo». Unas declaraciones que «dañan gravemente el honor, la reputación y el prestigio institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Con el altavoz de la televisión pública

El indicato destaca en la querella que de esta forma, esta individua atribuyó a todo un colectivo profesional «una actitud sistémica de discriminación por convicciones ideológicas», y hace hincapié en que formuló tales expresiones en directo, en el seno de un medio de comunicación público con audiencia nacional. Como ha informado recientemente OKDIARIO, Santaolalla ha recibido 4.625 euros al mes de Mañaneros y Malas Lenguas.

Asimismo, apunta que dicha intervención ha sido difundida en redes sociales desde la cuenta oficial de Mañaneros en X y ese tuit ha sido compartido por la propia Santaolalla desde su cuenta personal.

Busca el descrédito y desprestigio

El delito de injurias graves a los ejércitos, clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad está recogido en el artículo 504.2 del Código Penal, y se castiga con una multa de doce a dieciocho meses.

El SUP señala en la querella que el bien jurídico protegido por este precepto es «honor y prestigio de las instituciones», en atención a la relevancia de las funciones que tiene asignadas dentro del Estado democrático, como así lo recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia 252/2023, de 11 de abril.

Este sindicato liderado por Mónica Gracia subraya que las expresiones  vertidas públicamente por Santaolalla tienen como finalidad «el descrédito y desprestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atentando directamente contra el bien jurídico protegido, pues se pretende menoscabar el prestigio al vincularla directamente con ideologías fascistas e incluso con un trato diferenciado según la misma».

Asimismo, indica que el hecho de que hayan sido difundidas en redes sociales «agrava notablemente las injurias», debido al alcance y repercusión que dichas expresiones pueden generar en la sociedad y en la imagen pública que esta tenga sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado.

No por ser policías han de tragar con todo

Este sindicato afirma que el hecho de ser funcionarios públicos no implica que tengan que soportar ataques contra su honor personal ni el de la institución a la que pertenecen, sino por el contrario también deben gozar de protección.

En la querella recuerda que la libertad de expresión no es un derecho absoluto e ilimitado y, por ende, no justifica la difamación ni la formulación de acusaciones infundadas, especialmente cuando éstas afectan el ejercicio de sus funciones y menoscaban su integridad moral o la confianza pública.

En este sentido, cita la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 483/2022, de 6 de septiembre, que dictamina que «para desempeñar sus funciones, los funcionarios públicos deben gozar de la confianza del público sin ser indebidamente perturbados y, por lo tanto, puede ser necesario protegerlos de ataques verbales ofensivos mientras están de servicio».

«No todo vale. La crítica política no puede transformarse en una acusación infundada que erosiona la confianza pública en la Policía Nacional», sentencia Nadia Pajarón, portavoz del SUP. Y advierte que el SUP seguirá actuando «cada vez que se vulneren los derechos y la dignidad de los hombres y mujeres de la Policía Nacional».

«Ya lo hicimos frente a declaraciones similares de responsables políticos como Ione Belarra, Gabriel Rufián o Montserrat Bassa, y lo hacemos hoy ante unas afirmaciones que cruzan una línea que ninguna sociedad democrática debería tolerar», apunta, subrayando que «el prestigio institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es imprescindible para mantener el principio de autoridad y la confianza ciudadana».