Los policías advierten que no es delito ir indocumentado pero sí negarse a ser identificado

Las caceroladas contra el Gobierno y la presencia de manifestantes provistos de las mascarillas de protección obligatorias, en pleno estado de alarma, están afectando a la labor policial de control y seguridad en los operativos diseñados para garantizar el correcto cumplimiento de las normas sanitarias. Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad advierten de las dificultades de identificación en la vía pública, en circunstancias tan excepcionales, y recuerdan que en España negarse a colaborar con los agentes en dicha misión es delito, pero ir indocumentado, no.

Así se recoge en un documento de uso interno desde 2015, usado para actividades formativas de los agentes -como los Campus de Verano en Seguridad Pública y Defensa Nacional- y confeccionado por el Comisario Díaz Arias de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, y cuyo enlace ha sido eliminado recientemente por el Ministerio del Interior.

Policías de unidades antidisturbios, como la UIP, y de acción rápida, como la UPR, denuncian que en los últimos diez días han recibido indicaciones verbales para que realicen más identificaciones de las que son habituales. Sin embargo, los agentes recuerdan que sus actuaciones podrían llegar a ser constitutivas de un delito de detención ilegal si la causa de la identificación no se ajusta a la popularmente conocida como ‘Ley mordaza’, LO 4/2015. Y denuncian que «muchos compañeros» se verán obligados a actuar de forma arbitraria ante la presión de sus superiores para que paren «a la gente, traigan boletines sancionadores o pongan multas».

Expertos policiales apuntan a OKDIARIO que esta clase de actuaciones coincide con el modelo de «investigación prospectiva». Es decir, actuaciones con las que se trata de «extraer datos de una muestra lo más amplia posible tal como las identificaciones masivas, detectar patrones recurrentes o tendencias que permitan tomar decisiones colectivas y en último lugar establecer una red» de contactos entre los identificados.

Después, «las identificaciones de las unidades de seguridad ciudadana son explotadas por las unidades de información». En el debate actual existe «controversia sobre la legalidad o ilegalidad de estas identificaciones y del tratamiento de los datos que se obtienen» a partir de las mismas. Para los expertos consultados por OKDIARIO podrían ser incompatibles con los parámetros que recogen tanto la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana como la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

No en vano, una circular de 2012 de la Dirección General de la Policía Nacional, firmada por el entonces director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, prohibió las identificaciones masivas de ciudadanos por motivos raciales o étnicos. En el documento, al qua ha tenido acceso OKDIARIO, se descartaba la posibilidad de confeccionar planes y dispositivos de prevención de la seguridad pública que pudieran «conllevar una restricción indebida de los derechos y libertades» de los ciudadanos.

Los policías temen que se produzca un retroceso en los criterios, bajo la excusa del estado de alarma y la desescalada, y advierten sobre los peligros de entrar en identificaciones «innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades» concretas que encomienda la ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.