El director de la ONG que quiere alojar ilegales en el nuevo hostal de Madrid fue concejal de Carmena
Mauricio Valiente ejerció como tercer teniente de alcalde en la capital y diputado por IU en la Asamblea
CEAR admite que se hospedarán aquí irregulares y exige "dejar a un lado los discursos que puedan generar odio"


El director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG con la que el Gobierno quiere alojar inmigrantes ilegales en un hostal de próxima apertura en el barrio madrileño de Parque de las Avenidas, tiene como director a Mauricio Valiente, el que fuera tercer teniente de alcalde de Manuela Carmena (Ahora Madrid) en el Ayuntamiento y diputado por IU en la Asamblea.
La propia CEAR reconoció el jueves en un comunicado que el hostel ubicado en Parque de las Avenidas sí podría ser usado como lugar de hospedaje de personas inmigrantes de manera provisional tras su eventual apertura. Y ello, pese a carecer de licencia para atención social, como vienen denunciando los vecinos y ha enfatizado el propio Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP).
En su escrito, la ONG colaboradora del Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que los hostales con los que opera no se emplean como centros de acogida, sino que allí «se alojan provisionalmente», el tiempo más breve posible, a personas que tienen pleno derecho a acceder al sistema. Además, la organización de Mauricio Valiente afirma que los servicios del hostel serían de alojamiento en régimen de pensión completa.
Igualmente, el comunicado de CEAR también se dirigió a los vecinos del barrio de Parque de las Avenidas para llamarles a la responsabilidad a fin de «garantizar los derechos humanos, dejando a un lado los discursos que puedan generar odio y miedo, y afectar a la convivencia».
Abogado especializado en asilo, inmigración y derechos humanos, Mauricio Valiente usó el altavoz de su cargo como teniente de alcalde de Carmena para defender abiertamente a la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en 2017 llegó a promocionar un evento bolivariano que sostenía que Maduro estaba sufriendo un golpe de Estado por parte de la oposición. El edil de IU se olvidó, en cambio, de las decenas de muertos que ha causado la represión de la dictadura venezolana.
Mauricio Valiente, que fue concejal de Derechos Humanos y presidente del distrito de Chamartín, habló entonces de «escuchar a las víctimas». Los organizadores publicitaron el acto con un cartel en el que decían que «las verdaderas víctimas de la violencia» son las que dejaban los sectores de la derecha y no las fuerzas chavistas.
En cuanto a CEAR, forma parte de las 14 ONG con las que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez para repartir a inmigrantes irregulares, procedentes fundamentalmente de Canarias, por distintos territorios de la Península, según reconoció el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a Vox en el Congreso de los Diputados.
En dicha contestación, Moncloa admitió que «dispone de una red de recursos y capacidades de atención humanitaria y de acogida gestionados directamente a través de centros públicos o bien indirectamente con entidades del tercer sector autorizadas a prestar servicios mediante acción concertada distribuidos en todo el territorio nacional».
Estas entidades son las siguientes, según detalló: Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem); Federación Andalucía Acoge (Acoge); Asociación Familia Vicenciana (Afavi); Fundación EMET Arco Iris (Arco Iris); Nuevo Hogar Betania (Betania); Asociación Cardijn (Cardijn); Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes (Cepaim); Cruz Roja Española (CRE); Fundación Cruz Blanca (FCB); Fundación La Merced Migraciones (La Merced); Llar de Pau Hijas de la Caridad provincia de Barcelona (Llar de Pau); Fundación Prolibertas y Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL).
Según describió el Gobierno, estas ONG se encargan de la prestación de servicios y actuaciones que «tienen que ver con la acogida (alojamiento y manutención, material básico de aseo e higiene personal, vestido y calzado y un botiquín, entrega de material didáctico para menores, atención sanitaria básica, apoyo psicológico, información, orientación, asesoramiento y apoyo social, cívico, sanitario, legal, para obtención de la documentación que pudieran necesitar, así como información sobre acceso a otros recursos y servicios públicos y privados…), con los traslados (a recursos, hospitales…) y con la atención en servicios específicos (costas, grandes ciudades…)», precisó el Ejecutivo en su contestación parlamentaria a Vox.
En Puente de Vallecas
Ahora mismo, CEAR tiene alojados por encargo del Gobierno en otro hostal del mismo empresario, en este caso, en Puente de Vallecas (Madrid), a inmigrantes irregulares, como ha podido contrastar in situ este periódico.
Una encargada de este establecimiento, al sur de la capital, confesó a OKDIARIO que el Gobierno de Sánchez había encomendado el alojamiento de inmigrantes ilegales en este albergue juvenil a Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). «Nosotros recibimos derivaciones directas del Ministerio», admitió la encargada en la puerta del albergue, ubicado en la Avenida Pablo Neruda, número 68, de Madrid. Citó expresamente estas dos ONG.
En el exterior, uno de los huéspedes también relató a este periódico que ellos no pagan nada por este alojamiento y que además reciben 100 euros mensuales para sus gastos. «Hay plazas, habitaciones libres y comida, y ellos te dan dinero cada mes. Al final de mes nos dan 100 euros. Para ayudar a los inmigrantes que llegan a España, el presidente de España da orden para que ellos nos den dinero. Son 100 al mes. Es un poco (sic), y comida también, y habitación, dormir, televisión, baño, ducharte y vives tranquilamente aquí. Y estudiar si quieres también, vas al colegio para estudiar», explicó uno de los inmigrantes africanos que habló con este periódico.
En el caso del albergue de Velvet Hostels en Parque de las Avenidas, administrado por el egipcio-germano Mohamed Zakaria Abdelsamad Ibrahim, los vecinos han denunciado «irregularidades» en los trámites administrativos (como no tener licencia de atención social) y en las obras, así como la inseguridad callejera que provocaría su apertura en esta zona residencial del distrito de Salamanca de la capital. Todavía no tiene licencia de funcionamiento.