La Policía refuerza el dispositivo en el Supremo para controlar a las decenas de cuperos que arroparán a Boya

La exdiputada de la CUP, Mireia Boya, será la tercera en pasar por  el Tribunal Supremo dentro de la ronda de declaraciones por el referéndum ilegal del 1-O y por el que desfilarán ante el juez ocho políticos independentistas en sólo cinco días. Boya contará con el apoyo de su partido, puesto que los antisistema han fletado un ‘autobús solidario’ en el que viajarán concejales y simpatizantes para acompañarla al TS. La Policía Nacional dispondrá de vigilancia en el exterior en previsión de incidentes.

El viaje ha sido promovido por la CUP mediante la puesta en marcha en su web de un formulario para que se apunten los interesados . En él solicitan nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. Un viaje sin un precio definido pero en ningún caso gratis: piden «la voluntad», asegurando que «los beneficios irán a la caja de resistencia de la CUP».

La ‘cupera’, que antes de viajar a Madrid para declarar ante el juez Pablo Llarena ha dicho que «asume los riesgos» se ha mostrado desafiante: afirma que está dispuesta a ir a la cárcel de la que «sólo saldrá cuando haya república». En las redes, la CUP ha llamado a «darle todo el apoyo y acompañarla a Madrid», como puede verse en este tuit de la CUP de Arbucias (Gerona).

El CNP, atento al viaje de la CUP

El autobús saldrá este martes por la noche a las 22 horas desde la plaza Joan Peiró de Barcelona con destino a la capital de España. Por la mañana llegará a las inmediaciones del Supremo, donde la Policía Nacional ha preparado un operativo «dentro de la normalidad», según fuentes policiales. Efectivos de las UIP estarán presentes en las cercanías de la Plaza Villa de París, sede del alto tribunal. Los servicios de información del CNP y de la Guardia Civil han seguido los preparativos de ese viaje de los antisistema.

El ‘bus solidario’ regresará a la Ciudad Condal el miércoles poco antes de la medianoche. Boya es uno de los 30 cargos públicos separatistas investigados en esta macrocausa por el referéndum ilegal. Y deberá explicar ante el juez su papel como una de las organizadoras de la consulta fraudulenta puesta.

Así lo señala el informe de la Guardia Civil. Boya deberá responder por un presunto delito de rebelión, que acarrea una pena de hasta 30 años de cárcel según el artículo 472 del Código Penal. La expresidenta de la CUP en el Parlamento  catalán lo ha calificado de «literatura pura» y acusa a la «policía y los tribunales españoles». Niega que hubiese actos violentos el 1.O y asegura que «la única violencia que hubo fue la de los golpes de porra y las balas de goma que lanzaron la Policía Nacional y la Guardia Civil».