La Policía carga contra Marlaska por la falta de medios para controlar la criminalidad de las bandas

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 08/02/2022 06:53
  • Actualizado: 08/02/2022 10:33

Los crímenes por bandas no dejan de crecer y la Policía está desbordada. Las asociaciones de Policía han decidido hacer saltar las alarmas y avisar de que no se trata de una cuestión puntual sino estructural. Y que, o el ministro Grande-Marlaska incremento el personal y recursos de la Policía, o será imposible controlar la criminalidad creciente de las bandas.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha puesto el dedo en la llaga y ha reclamado al Ministerio del Interior una revisión urgente de la estrategia policial de lucha contra los grupos juveniles violentos que, “cada vez con mayor intensidad y con una agresividad preocupante, están protagonizando reyertas, ajustes de cuentas y agresiones que solo en las últimas horas han provocado en Madrid lesiones de gravedad a varios jóvenes y la muerte de dos de ellos por el empleo en esos ataques de machetes”.

El sindicato CEP destaca que, después de que “se llevara a cabo la potenciación de la Brigada Provincial de Información de la capital, atendiendo así la petición del sindicato tramitó en la primavera de 2021, es necesario ahora renovar ese refuerzo incrementando las capacidades operativas para hacer frente a esta amenaza contra la seguridad ciudadana de los madrileños y de todos los españoles”.

Los datos en poder de los policías apuntan a un notable incremento de los hechos registrado en los últimos meses y a una carencia de recursos policiales dedicados a acreditar en sede judicial que los detenidos por una agresión de este tipo forman parte una organización criminal.

El resultado es una pérdida de eficacia en la persecución del delito que favorece que queden sin castigo o pena privativa de libertad quienes cometen este tipo de delitos. Y, por lo tanto, se genera el mítico efecto de “entrar en Comisaría y salir por la puerta de atrás”.

Plan integral de formación

Junto con ese refuerzo de las unidades especializadas de investigación de toda España, CEP también reclama un plan integral de formación para los policías de las unidades de seguridad ciudadana -Grupos de Atención al Ciudadano, Grupos Operativos de Respuesta, Unidades de Prevención y Reacción y Unidades de Intervención Policial- que permita conocer en profundidad esta amenaza, a los miembros de esas bandas y las actividades que protagonizan sus integrantes, que afectan no sólo a los delitos contra las personas sino también a los vinculados al patrimonio (robos con violencia e intimidación, hurtos, etc.).

Desde CEP señalan que “esta formación permitirá, además de anticiparse a las actividades violentas de las bandas, detectar y aflorar aquellos delitos que por miedo no se ponen en conocimiento de la Policía Nacional o el resto de Cuerpos de seguridad”.

En este sentido, la Fiscalía Provincial de Madrid, que en su última Memoria ya califica la actividad de aquéllas como “grave fenómeno”, ha alertado ya sobre la “enorme dificultad a la hora de abordar el análisis de la problemática, habida cuenta de que en este tipo de delincuencia existe también una importante ‘cifra negra’ de delitos que no se denuncian, debido a las características de actuación secreta y violenta de estas bandas y también al miedo y temor de las víctimas a sufrir represalias si formulan denuncias”.

Modificación del Reglamento de Armas

Además, desde CEP creen necesario llevar a cabo una modificación del Reglamento de Armas para “reforzar la consideración de arma prohibida de los machetes, con sanciones administrativas específicas y de mayor entidad, y que se lleve a cabo un control exhaustivo y real de su venta como ya ocurre con otro tipo de material susceptible de ser empleado en este tipo de ataques violentos”.

Finalmente, desde CEP llaman la atención sobre el hecho de que la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que regula el tratamiento policial de los grupos juveniles violentos, del año 2014, ha quedado desfasada tras siete años de vigencia al no contemplar, entre otras materias, “la nueva realidad de la violencia juvenil (que va más allá del origen latino de los miembros de estas bandas, en las que ya se integran a veces jóvenes de otras nacionalidades e incluso de origen español) y la necesidad de implicar en la actividad de prevención a las policías locales”.