Podemos propone que los ‘okupas’ tengan un mínimo de agua y luz garantizado por ley

Podemos propone que los ‘okupas’ no tengan que pagar el consumo de los suministros de luz y agua en las viviendas que residen de manera ilegal.

Así se incluye en la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, registrada recientemente por Podemos, ERC y el Grupo Mixto.

En su artículo 31, la formación de Pablo Iglesias establece que en el caso de viviendas en las que residan «personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial» sin ‘título habilitante’-aquellas que «ocupan de manera pacífica y continuada la vivienda que constituye su vivienda habitual», la empresa suministradora «se compromete a regularizar el servicio». «La empresa con dicha responsabilidad pondrá contador sin repercutir ningún coste sobre la persona o unidad familiar», añade. 

Podemos destaca que «el derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales y comunes, al agua potable y a la energía para la cocina, la calefacción y la luz» y, en este sentido, establece un ‘Consumo Mínimo Vital’, garantizado por ley.

Ese mínimo será fijado en el caso del agua por los ayuntamientos y en el caso de electricidad y gas anualmente por el ministerio competente en materia de energía «teniendo en cuenta diversos factores como las zonas climáticas y la eficiencia térmica de los edificios, entre otros». 

«Los hogares tendrán derecho a mantener estas mismas condiciones de acceso al suministro mientras dure esta situación. Este derecho podrá prolongarse anualmente y de manera indefinida mientras la consideración de hogar vulnerable persista». 

La formación declara que «en el caso de impago del suministro de agua por parte de un usuario, se procederá a gestionar el mismo mediante el procedimiento de apremio legalmente establecido debiendo, por tanto, suspenderse la ejecución para las familias insolventes, y sin que la sociedad concesionaria que lleve a cabo dicho suministro pueda realizar la tramitación del corte del mismo. A tal efecto, los recibos impagados deberán ser devueltos a la administración competente y los cortes de suministro realizado por la empresa han de ser declarados ilegales».

Además, Podemos abre la puerta a la posibilidad de obligar a un propietario a ceder su vivienda, en el caso de «ámbitos territoriales de demanda acreditada».

La cesión sería de 20 años en el caso de “grandes tenedores” (en los que se incluyen a propietarios privados con más de cinco viviendas) y de 10, en el de viviendas de titularidad privada.