Una plataforma de jueces denuncia la manipulación que hace Puigdemont del 1-0
La proporcionada respuesta de la Policía en comparación con otras en Europa
El presidente del Supremo pide actuar contra la comisión sobre violación de derechos en Cataluña
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) denuncia el intento del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de internacionalizar su proclama independentista mediante la «simulación» de denunciar una presunta violación de derechos humanos por la actución policial el 1-0. Para este colectivo que agrupa a jueces, fiscales y abogados, es «parte de una estrategia para apelar a la comunidad internacional, que además constituye un insulto a la inteligencia», asegura su secretario general, el magistrado Jesús Villegas.
Montaje ante la opinión internacional
Y a ello se están aplicando con denuedo los golpistas. El pasado lunes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se mostraba «muy perturbado» por las cargas policiales el 1-O, en las que según la Generalitat se produjo la fantasmagórica cifra de «cerca de 900 heridos», un montaje que quedaba desacreditado en las horas siguientes al referéndum ilegal con casos tan chuscos como el de Marta Torrecillas, la independentista que recorrió los platós asegurando que la policía le había roto los dedos de la mano izquierda cuando era rigurosamente falso.
Dos días más tarde, era el Comisario de Derechos Humanos, Nils Muizneks, el que pedía una investigación «tras haber recibido informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza» por parte de la policía. Informes que coincidían casi simultáneamente con el anuncio del conseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, Raül Romeva, de llevar la supuesta denuncia al Parlamento Europeo «por su actuación criminal» (sic).
Para esta plataforma de profesionales de la Justicia, «es una escenificación lo que están haciendo, y además lamentable», afirma. El Estado español no viola los derechos fundamentales, y si ha habido alguna actuación puntual un poco excesiva, debe ser objeto de investigación y en su caso de castigo», explica el también portavoz de la PCIJ.
La PCIJ: «España no es Indonesia»
«Pero no se puede decir que la actuación de la Policía nacional fue una maniobra represiva del Gobierno español cuando estaban haciendo un referéndum para proclamar la independencia al margen de la Constitución», sentencia.
Para el magistrado, detrás de esta iniciativa del ‘Govern’ de crear una comisión especial sobre la violación de derechos lo que existe es «una estrategia que están elaborando para apelar a la opinión pública internacional y pedir la independencia porque se pisotean los derechos humanos». Pero «no les va a escuchar nadie», vaticina, porque «es un insulto a la inteligencia».
El secretario general de la PCIJ, titular del Juzgado de Intsrucción Nº 3 y juez decano de Guadalajara explica el sinsentido de la última argucia de los golpistas:»Para proclamar la independencia de un territorio, y según el Derecho Internacional, se puede alegar que es parte de una zona colonial, y en ese caso existe efectivamente el derecho de autodeterminación, o porque en esa zona se pisotean los derechos humanos como ha podido suceder, por ejemplo en partes de Indonesia. Pero ¿Cataluña?».
Rechazo de jueces y fiscales
Villegas prosigue en su argumentación: «Cataluña es una de las zonas más ricas de Europa, con un nivel de vida enorme, donde hay libertad para hablar el idioma que se quiera, instituciones propias y una autonomía altísima, entonces, ¿decir que se pide la independencia porque España viola los derechos humanos, qué es? ¿Dónde está la gente en las cárceles? ¿Es una broma?», se pregunta.
Es por todo ello, por lo que la PCIJ se alinea con el absoluto «rechazo» de las principales asociaciones de jueces y fiscales a esa Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales y a la petición del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a la Abogacía del Estado para que emprenda acciones legales por considerarla una «flagrante, insólita e injustificable violación» de la independencia judicial».
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