El plan censor de Sánchez convierte al dircom imputado de Iglesias en «autoridad» para vigilar a los medios

El también secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas electorales -además de mano derecha de Pablo Iglesias- está citado a declarar el próximo 20 de noviembre, junto al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val. El juez investiga posibles irregularidades en el partido, como gastos sin justificar y pago de sobresueldos, además de la contratación con la consultora Neurona.

El plan del Ejecutivo para vigilar a los medios -largamente ambicionado por Sánchez e Iglesias- se oficializó este jueves, con su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La pieza central será la denominada Comisión Permanente contra la «desinformación», que estará pilotada por dos personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez: su director de gabinete, Iván Redondo, y el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

En definitiva, un comité de perfil absolutamente político, que se completa con el CNI, el gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Exteriores y la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Admite la «vigilancia»

El Gobierno justifica esta estrategia -que ya fue anunciada por Pedro Sánchez en la investidura- en que «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas» es la «información veraz y diversa». Y advierte de la amenaza que supone «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

La orden destaca que uno de los propósitos de la estrategia es «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación. Y en el mismo procedimiento se admite que habrá una «monitorización y vigilancia» de los medios.

Ante las críticas, Moncloa matizó que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones», y se amparó en un plan europeo -European Democracy Action Plan- que, sin embargo, aún no está en vigor. 

La polémica ha llegado ya a la Comisión Europea. Un portavoz del organismo señaló este viernes que el Ejecutivo comunitario está «al tanto» de la medida del Gobierno español y destacó que «la Comisión está vigilando la aplicación de las medidas durante la pandemia».

Fuentes comunitarias han confirmado a Ep que Bruselas está «estudiando» la orden que permitirá al Gobierno monitorizar la información para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que busque influir en la sociedad con fines interesados y espurios».