El drama de Pilar: «Gasté 22.300 € en mantener a unas okupas, ese es el escudo social del Gobierno»
Las asesorías de okupación se extienden por toda España: hay 40 denuncias al día por usurpar casas
El fenómeno de los ‘inqui-okupa’: «No soy una okupa, soy una inquilina que no paga»
«En 950 días he gastado 22.300 euros manteniendo a unas okupas en mi casa. Nosotros no podemos ser el escudo social. El escudo social tiene que ser el Estado, para eso pago impuestos», lamenta Pilar. La protagonista de esta historia es -al igual que miles de españoles en los últimos años-, víctima de la okupación amparada por el Gobierno socialcomunista. Una okupación que ha dañado su salud y que está acabando poco a poco con sus ahorros. A consecuencia del estrés, Pilar sufre una parálisis irreversible en el rostro y lleva dos años medicándose.
Su historia se remonta al año 2019 cuando dos mujeres, «dos intrusas» okupan su apartamento situado en Torrevieja (Alicante). La vivienda tiene de 60 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño; está equipado con cocina americana y dispone de una terraza. Asimismo, la comunidad cuenta con distintas comodidades como una piscina. «Estoy pagando la derrama de una piscina en la que ni yo me he podido bañar», denuncia Pilar.
«Los propietarios nos hemos convertido en los paganinis», sostiene Pilar. Y es que entre derramas, luz, agua o plusvalías, Pilar calcula que durante estos 28 meses se ha gastado 22.300 euros manteniendo a estas intrusas en su apartamento de Torrevieja. «Hasta que llegue el momento del lanzamiento, los gastos hasta ahora son alrededor de 22.300 euros», relata Pilar. «Eso, sin sumar lo que me costó el cerrajero, arreglar los destrozos varios que tenga el piso, así como lo que se puedan llevar como le ha pasado a otros compañeros», añade.
Pilar es portavoz de la plataforma Afectados por la Ocupación. Una iniciativa ciudadana que lucha contra esta lacra que año a año- y gracias a las políticas de protección del Ejecutivo-, va aumentando en nuestro país, según los datos proporcionados por el ministerio del Interior. «Nosotros nos hemos reunido en el Congreso de los Diputados con distintos grupos parlamentarios. Lo que no nos pueden decir es que se prohíben los lanzamientos. Yo pago impuestos para que estos señores (los políticos) solucionen los problemas».
Después de tres paralizaciones, la justicia ha ordenado un tercer lanzamiento para el próximo 10 de enero. Fecha en la que Pilar tiene pensado acampar frente al bloque de apartamentos para demandar que las okupas salgan de su vivienda.
Empresas de desalojo
Miles de familias españoles se ven desamparadas ante este fenómeno. Cada vez son más las víctimas de okupas o ‘inqui-okupas’ (antiguos inquilinos que por distintas situaciones económicas dejan de pagar el alquiler de su vivienda), que se ven obligadas a recurrir a empresas de desokupación.
«Meterse en un proceso judicial es bastante lento. Mucha gente tiene hipotecas, que subsiste del alquiler de la vivienda que tiene arrendada y al final, recurren a nosotros», explica Rogelio, administrados de la empresa de desalojos OPS2 Desocupaciones. «En el 90% de los desalojos hemos tenido sustos y nos hemos encontrado con situaciones muy complicadas», explica Rogelio. «No obstante, cuando esto sucede eso es porque suele haber algún tipo de estupefaciente dentro de la vivienda o porque es un punto de venta de droga y los vecinos, lógicamente, están deseando echarles», añade.
En otras ocasiones, estas empresas actúan como mediadores entre los propietarios de las viviendas y aquellos inquilinos que sencillamente han dejado de pagar. El objetivo, según los abogados de las víctimas, es llegar a algún tipo de consenso entre ambas partes para que los casos no se ralenticen judicialmente y ninguna de las partes termine perjudicada.
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