El PP hará que Sánchez se retrate en el Congreso: pide que los referéndum ilegales sean delito
El Grupo Parlamentario del PP ha registrado este martes su primera Proposición de Ley en esta Legislatura, con la que buscan retratar al presidente en funciones, Pedro Sánchez. Quieren que se posicione sobre el delito de los referéndum ilegales
El Grupo Parlamentario del PP ha registrado este martes su primera proposición de ley en esta legislatura, con la que buscan retratar al presidente en funciones, Pedro Sánchez.
En ella, proponen recuperar el tipo penal que prohíbe la convocatoria de referéndum ilegales y castiga con penas de prisión e inhabilitación a quienes convoquen, autoricen, promuevan o faciliten consultas sin cobertura legal.
La proposición de ley orgánica recuerda que hace casi quince años otro Gobierno socialista, presidido por Zapatero, despenalizó dichos comportamientos.
El propio Sánchez prometió en campaña electoral tipificar los referéndum como delito. Ahora, el PP busca que se someta al debate del Congreso, para comprobar si, efectivamente, el líder del PSOE piensa llevar a cabo esta promesa, pese a su afinidad con el independentismo. Los socialistas se han reunido de nuevo este martes en el Congreso con ERC para sondear la investidura.
La iniciativa promueve tres modificaciones del Código Penal. En primer lugar, propone que la autoridad o funcionario público que, careciendo de competencias para ello, convoque o autorice una convocatoria de “elecciones generales, autonómicas o locales, o consultas populares por vía de referéndum”, sea castigado con “la pena de prisión de tres a cinco años, e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.
En segundo lugar, pide la modificación del Código Penal para que la autoridad o funcionario público que facilite, promueva o asegure el proceso de las citadas convocatorias declaradas ilegales sea castigado con la “pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.
Finalmente, la proposición recoge que quienes, con ocasión de un proceso de consulta sin cobertura legal, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso sean “castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.
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