Sánchez iba a adelantar las elecciones si imputaban a Casado por el máster

Pedro Sánchez no pensaba adelantar las elecciones por cumplir con su promesa en la moción de censura. Pero sí por asegurarse una ventaja ocasional algo más que discutible. Y es que su equipo diseñó un adelanto electoral para beneficiarse de una situación jurídica concreta, pasajera y que ellos mismos consideraban que sería insostenible judicialmente: una hipotética imputación en el Supremo de Pablo Casado por el máster universitario.

Si era justa o no esa imputación era lo que menos importaba al equipo de Gabinete de Sánchez. Lo relevante para Sánchez era que se abriese una ventana de oportunidad política para que un PSOE que tiene una dificultad extrema para gobernar sin entregarse a los radicales, pudiese aprovechar el tirón electoral inicial tras la moción de censura y un golpe a la imagen de Casado para afianzarse en el Gobierno.

Ese era el plan. Y así lo definieron. El equipo que comanda el jefe de Gabinete Iván Redondo sabía que era muy difícil mantener la acusación contra Casado en una corte de prestigio y respeto por la Justicia como es el Tribunal Supremo. Pero sabía igualmente que la instrucción elevada al Alto Tribunal dejaba un margen estrecho ante la opinión pública a los magistrados del Supremo para tumbar de un zarpazo el caso sin generar polémica.

Y en esa tesitura, Pedro Sánchez dio el OK a tener preparado un plan de adelanto electoral en caso de que el Supremo hubiese cedido a la presión pública y mediática. El 29 de septiembre pasado el TS dijo no a esa imputación y el plan político fue enterrado.

La estrategia era consistente. Si se imputaba a Casado, el Gobierno habría escenificado un enfrentamiento con los separatistas. El clima de constante golpismo de Torra lo justifica de forma permanente, por lo que no hubiese sido difícil argumentar que la mano tendida a la negociación había sido mordida. El bloqueo de Podemos y ERC de esos días a la negociación de unos nuevos Presupuestos, daba un segundo argumento de peso el PSOE para anunciar un adelanto electoral. El compromiso del propio Pedro Sánchez en la moción de censura –de adelantar elecciones para ratificar el cambio de Gobierno en las urnas– era el tercer motivo que permitía adelantar elecciones sin grandes problemas de imagen.

Elecciones con Casado KO

Y los tiempos también beneficiaban al PSOE. El plazo de convocatoria es de 54 días, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Menos de dos meses. Y ese plazo hubiese sido siempre superior a que el Tribunal Supremo pudiese comprobar las primeras diligencias y tomase la decisión de tumbar un caso que nunca tuvo entidad como para llegar al Supremo, tal y como afirmé el fiscal Navajas encargado del caso en el Alto Tribunal.

Traducido: que el PSOE podría haber acudido a las elecciones con un candidato golpeado por un proceso judicial. Un proceso que hubiese sido tumbado posteriormente, pero ya habría sido demasiado tarde para que los electores hubiesen juzgado con conocimiento de causa. Y Sánchez ya sería presidente electo por todo un mandato de cuatro años, según los planes de su Gabinete.

Aprovecharse de la Justicia

Se trataba, simplemente de aprovecharse de la Justicia. Pero la Justicia, consciente o no del envoltorio político, reaccionó con contundencia y velocidad. E impidió que el proceso llegase ni tan siquiera a iniciarse.
La respuesta del fiscal Luis Navajas fue rotunda descalificando por completo la instrucción y señalando que los indicios elevados al Supremo contra Casado “no son lo suficientemente consistentes, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo”.

La Fiscalía desestimó así –y el Supremo lo confirmó días más tarde–, la exposición razonada presentada el 6 de agosto por la jueza de instrucción de Plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel. Porque, según la Fiscalía, no existen “indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del Sr. Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados”.

La decisión del Supremo tumbó así el plan de Pedro Sánchez e Iván Redondo. Un plan que, además, dio paso a los escándalos de la tesis falsa del presidente del Gobierno, de la patrimonial de Pedro Duque, de las grabaciones de Dolores Delgado, de las propiedades ocultas de Isabel Celaá, etc. Y que ha hecho que el presidente prefiera contentarse con sus encuestas de opinión cocinadas, antes que en enfrentarse a unas elecciones de verdad.