Padres valencianos se quejan de que nadie les informa sobre la lengua en la que estudiarán sus hijos

Decenas de padres de la Comunidad valenciana se quejan de la falta de transparencia en la implantación del polémico Decreto del Plurilingüismo, aprobado el pasado 27 de enero y que vincula la enseñanza en valenciano a un mayor nivel de inglés. Así, solo los alumnos que cursen la línea con más horas de valenciano-el nivel avanzado, como se denomina en el Decreto- recibirán al final de sus estudios el certificado que les acredita un nivel superior de lengua extranjera (nivel B1). Por su parte, los que escojan el nivel «básico», no tendrán acreditación.

Según el propio Decreto, los padres no tienen ninguna capacidad de decisión en el nivel que quieren para la enseñanza de sus hijos. Corresponde al centro que, por aprobación de dos tercios, deberá determinar qué programa educativo escoge. Si no se alcanza ese respaldo del 66 por ciento se da vía libre para que escoja la Consejería.

Los centros, públicos y concertados, tienen de plazo hasta el 15 de marzo para presentar a la Consejería su proyecto educativo. Lo presentará el centro, de acuerdo con el Consejo Escolar, pero sin dar opción a que los padres puedan dar su opinión y voto, ya que una mínima parte están representados en ese Consejo.

Los padres se quejan de que no se les está informando del contenido del Decreto ni de las decisiones de los centros.  Algunos, agrupados bajo la ‘Plataforma no al decretazo, sí a la elección’, han tomado la iniciativa para responder a las dudas de los progenitores y emprender una campaña para lograr visibilidad a lo que consideran una «flagrante vulneración del derecho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos». 

Por ahora, el texto ha recibido ya varias demandas, entre ellas, de los sindicatos CSIF y USO de la Comunidad valenciana y de la asociación de padres católicos de escuelas concertadas. Se preparan dos más, según ha podido saber OKDIARIO.

Además, el PP presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y los servicios jurídicos del Ministerio de Educación estudian si el Decreto puede vulnerar derechos fundamentales.