Padres contra la dictadura lingüística: «A mi hijo no le ponían la comida en el cole tras pedir español»

El apoyo expreso del Gobierno de Pedro Sánchez a la imposición del catalán culmina la ‘dictadura lingüística’ que, desde hace años, vienen padeciendo miles alumnos en Cataluña. Aquellos que, ni más ni menos, reclaman que se cumpla la ley y se respete el 25% de español en el aula al que obliga la Justicia. Recientemente, el Tribunal Supremo confirmaba la anulación de los proyectos lingüísticos de dos escuelas públicas que no contemplaban el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán. Una situación que se repite por toda la comunidad autónoma. El Govern separatista ya ha retado a los tribunales y afirma que no acatará las sentencias que piden respetar el aprendizaje del español en el aula. Defienden que son «inaplicables» tras la aprobación de un decreto ley y una ley de usos lingüísticos que suprimen la aplicación de porcentajes e instan a los centros a imponer el catalán y, con ello, a marginar a quienes solicitan el castellano.

Reconocer los derechos de estos alumnos es desde hace años la batalla que vienen asumiendo las propias familias ante una Generalitat que sistemáticamente incumple la igualdad educativa. Sus historias relatan el acoso y la discriminación por pedir que se cumpla la ley. Quique (pide mantener su apellido en el anonimato) peleó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se reconociese el derecho de su hijo a aprender parte de sus asignaturas en español. Lo logró pero, a cambio, el pequeño y toda la familia sufrió una auténtica persecución. La situación, insostenible, acabó con el traslado a Madrid, donde residen desde hace unos meses y donde han podido iniciar con esperanza una nueva vida.

«Vivíamos en un pueblo pequeño de mayoría separatista y era muy fácil identificarnos. Hemos sufrido muchas represalias, amenazas, llamadas anónimas insultando a mi hijo. A mí me han amenazado directamente, cara a cara», relata, en conversación con OKDIARIO. Indignado, recuerda también cómo incluso a su padre intentaron perjudicarle en su trabajo.

Un acoso que su hijo sufrió en primera persona. «Llegó un día del cole y me dijo: ‘Papá, no me han puesto la comida en el comedor, levanté la mano y me la pusieron’. Pensé que habría sido un despiste, pero esperamos varios días y seguía igual». Tampoco recibió más invitaciones a los cumpleaños.

Este padre recuerda cómo, cuando salieron las cautelares que reconocían el derecho de su hijo a estudiar en español, un padre empezó a gritarle a las puertas del colegio, delante de los pequeños. Otras familias también le dieron la espalda. «Me miraban como si fuese un ogro y me decían: mira lo que les has hecho a los niños. Y yo respondía: ahora tienen todos sus derechos completos». Otros padres, destaca también, le dieron las gracias.

«Por eso me he ido, no quiero que mi hijo se críe en ese ambiente, que tenga que vivir en ese odio», confiesa. Fue una decisión complicada, un cambio de vida para todos. Dejar atrás la tierra, asegura, «no es un plato de buen gusto». «Es muy duro tener que irte porque te amenazan, te señalan y se meten con el niño. Pero te dicen que te largues, que no quieren gente así, no quieren que reclames tus derechos. Lo que se vive en Cataluña es una especie de dictadura y nadie puede estar por encima de la ley. Es muy grave, y la única salida que veo son los tribunales», lamenta.

En julio, el Gobierno de Pedro Sánchez se plegó a las exigencias separatistas y pactó el reconocimiento pleno de su política lingüística, lo que implica la vulneración de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en español. No oculta su indignación: «Sánchez cede al chantaje para seguir en La Moncloa. Pisotean nuestros derechos y nos tratan como una mercancía, no nos amparan. Y somos muchos los que pedimos lo mismo en Cataluña».

El 18 de septiembre, la plataforma Escuela de Todos saldrá a la calle con el lema Español, lengua vehicular para reclamar «la igualdad de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes que desde hace más de 30 años se ve vulnerada». La plataforma está formada por organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, S’ha Acabat o Sociedad Civil Catalana, entre otras y lucha por lograr la igualdad de derechos lingüísticos en la enseñanza.

«Hay motivos de sobra para ir porque pisotean nuestros derechos y el Gobierno de España nos desampara», anima. «Siempre han pretendido silenciarnos y es momento de alzar la voz y que se sepa lo que están viviendo en Cataluña. Que si pides un derecho no se respeta, se coacciona y se intenta silenciar. Estamos desamparados hasta por el Gobierno de España, que mercadea con nuestros derechos para mantenerse en La Moncloa», denuncia.