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Iglesias admite al Congreso que desconoce el número de personas afectadas por las colas del hambre

Pablo Iglesias
Una hilera de personas acude a recibir alimentos de la Asociación de Vecinos Parque Aluche en su sede de Madrid.
Segundo Sanz

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, desconoce la magnitud de las colas del hambre, las hileras de personas que acuden a centros sociales, parroquias, asociaciones, organizaciones benéficas y entidades privadas a recibir alimentos y otros productos de primera necesidad. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no maneja ningún registro al respecto, según ha admitido al Congreso de los Diputados en una respuesta parlamentaria a Vox consultada por OKDIARIO.

En concreto, la formación de Santiago Abascal emplazó al Ejecutivo socialcomunista a pronunciarse sobre si «tiene conocimiento el Gobierno del número de familias en situación de necesidad a las que se ha atendido durante 2020 tanto desde los organismos públicos como privados para dotarles de los alimentos básicos», coincidiendo en este tiempo con la pandemia de coronavirus.

En su exposición de motivos, los diputados de Vox Magdalena Nevado, Ángel López, Rubén Darío Vega y Ricardo Chamorro esgrimieron que «según manifiesta reiteradamente el Gobierno, España ha priorizado y priorizará siempre los objetivos y las metas establecidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible». Una agenda que presenta 17 objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que establecen un conjunto de prioridades y aspiraciones para el año 2030, apuntaron.

En este contexto, subrayaron que la meta 2.1 establece para 2030 «poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año». Por ello, los diputados de Vox interpelaron al Gobierno sobre el número de familias atendidas no sólo por organismos públicos sino también privados.

Datos de la Administración

Sin embargo, el Ministerio de Pablo Iglesias se limita en su respuesta a citar tres paquetes de ayudas de la Administración, ejecutadas por las comunidades autónomas. Ni un sólo dato sobre la actuación, por ejemplo, de las organizaciones benéficas y de las entidades privadas en el reparto de alimentos a personas que aguardan a pie de calle.

La Vicepresidencia social sostiene que en todo 2020 se han cursado 122 proyectos de «protección a la familia y atención a la pobreza infantil», que han supuesto un desembolso de 27 millones de euros para atender a 62.110 familias y 209.776 usuarios. Aquí se incluyen distintos proyectos «dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, incluyendo aquí alimentación, higiene, vestido, servicios de salud, material escolar, ayudas para comedor, mejoras de habilitabilidad, acompañamiento y trabajo social». Sin embargo, cabe destacar que, por ejemplo, sólo la Fundación Madrina ha pasado de atender a 400 familias al mes antes de la pandemia, a 4.000 al día en los últimos meses.

El Gobierno se refugia en estos datos para no ahondar en el drama de las colas del hambre. Es más, la respuesta del Ministerio de Pablo Iglesias añade: «Cabe señalar que no se dispone de información desglosada en cuanto al número de familias que reciben ayudas para alimentos básicos, si bien cabe aportar información global de este tipo de proyectos».

En su contestación, el Ejecutivo también alude a las ayudas contempladas en el real decreto-ley 7/2020 para hacer frente al «derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad». Y también cita el programa Veca orientado a «garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares».

Precisamente, el pasado martes se conoció que la cifra de parados registrados en España alcanzó en el mes de febrero los 4.008.789. Ello, bajo mandato del mismo Gobierno de PSOE-Podemos que empleó el lema ‘Salimos más fuertes’ durante la desescalada. Al número anterior habría que añadir también las 899.383 personas que se encuentran en un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE).

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