Otro desprecio de Sánchez a Transparencia: oculta el coste del show de la exhumación de Franco

El Gobierno de España ha ignorado la resolución del Consejo de la Transparencia que daba 10 días para detallar el coste del despliegue mediático que acarreó la exhumación del dictador Francisco Franco. Tal como denuncia la Asociación Memoria Histórica Raíces, la opacidad es la nota dominante en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Critican que, en particular, la Secretaria de Estado de Comunicación ha incumplido la Ley de Transparencia en relación con la cobertura informativa sobre el traslado de los restos mortales de Franco. La resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno número 518/2020 era muy contundente. El Gobierno tenía «10 días hábiles» para trasladar a la mencionada asociación el desglose de gastos. Sin embargo, ha pasado ese plazo y no ha llegado ninguna comunicación a los demandantes de la documentación.

En agosto, la asociación Raíces trasladó una petición de información que fue denegada. Sin embargo, en noviembre el Consejo de la Transparencia estimó su reclamación y ordenó al Ejecutivo remitir «los gastos de todo tipo efectuados por la Secretaría de Estado de Comunicación que estén relacionados de forma directa o indirecta con dicho evento, así como los contratos que se hayan suscrito a tal efecto, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato».

Además, el citado órgano gubernamental debía informar sobre «las decisiones de desistimiento y renuncia de esos contratos y el expediente administrativo completo donde consten las actuaciones de esa Secretaría de Estado de Comunicación en relación al evento en cuestión, en especial sus informes».

Sin embargo, la Secretaría de Estado, que depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, no ha acatado la resolución. Se ha inclinado, por ahora, por el silencio administrativo total y está por ver si, como ha sucedido en otras ocasiones, recurre a la Justicia ordinaria para poder ocultar definitivamente la información.

«A fecha de hoy y a pesar del tiempo transcurrido desde la resolución no hemos recibido aún los documentos que la Secretaría de Estado de Comunicación debe aportarla por mandato de dicho Consejo, lo que agrava aún más su posición, colocándola en un plano insostenible que linda con una posible desobediencia administrativa», valoran desde Raíces en comunicación con OKDIARIO. Destacan que el Consejo de la Transparencia resaltó en su resolución que «dicha Secretaria de Estado de Comunicación no efectuó alegaciones a pesar de haber sido requerida para ello el 19 de agosto de 2020».

Ahora, desde la entidad Raíces van a recurrir a un equipo de auditores y juristas para «analizar concienzudamente tanto los gastos como los contratos de dicha Secretaría de Estado relacionados con la cobertura informativa de la exhumación de Francisco Franco». Se trata de la emisión de señales de televisión, carpas, cámaras de televisión, acreditación de periodistas nacionales e internacionales, comida, etc. El objetivo pasa por «localizar posibles irregularidades tanto administrativas como penales, pues la ausencia de colaboración activa y el silencio contumaz de la misma nos ha hecho despertar todas las alarmas y prevenciones, y es legítimo pensar que puede que alguien se haya podido beneficiar con la cobertura de dicho tratamiento informativo».

Censuran así una «infracción grave de la Ley de Transparencia, al más lamentable estilo inquisitorial opaco de otras épocas». «Estamos escandalizados ante el poco respeto por la Ley que tiene dicha Secretaria de Estado de Comunicación en lo relativo a esta cuestión y así queremos trasladarlo a la opinión pública española», agregan. Además, no descartan tomar medidas judiciales coercitivas para depurar responsabilidades.

«El pueblo español merece conocer el dinero gastado de sus impuestos en la cobertura informativa de esa jornada. Conocemos el eco informativo que tuvo el suceso, conocemos los martillazos en el suelo de la Basílica del Valle de los Caídos, conocemos las imágenes que se trasladaron a todo el mundo ese día, conocemos las sentencias judiciales sobre el caso, conocemos el trato que recibieron del Gobierno los monjes de esa Abadía, y pronto sabremos el dinero gastado y que esa Secretaría de Estado de Comunicación ha tratado de ocultar a toda costa, y otras cuestiones más en que esta Asociación está trabajando intensamente», enumeran.

Este comportamiento, a su juicio, «irresponsable» del Gobierno genera «un terrible daño en la credibilidad informativa de dicho órgano gubernamental pues poca veracidad y seriedad se puede esperar en sus comunicaciones de quien no es capaz de aplicarse a sí misma la propia normativa de la transparencia». «Quien falla en cuestiones legales, y además siendo un organismo público sometido a neutralidad política, es muy probable que falle también en cuestiones informativas», alertan.

Por último, señalan que enviarán el tema a la Unión Europea al objeto de que «tomen nota del flagrante incumplimiento legal de este órgano dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, pues entendemos que estamos inmersos en un contexto de máximo peligro institucional por las restricciones de derechos constitucionales, como es el derecho a la transparencia recogido en la Constitución de 1978».