La OCDE retrata a Sánchez en pleno ‘caso Begoña Gómez’: «Omite» datos de la lucha contra la corrupción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto el foco sobre el bajo nivel de seguimiento que el Gobierno de España hace sobre su estrategia contra la corrupción. Concretamente, el organismo apunta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «omite» datos sobre el cumplimiento de sus planes anticorrupción, lo que dificulta el control por parte de esta institución. Un tirón de orejas a Sánchez que se produce en medio del terremoto por el caso Begoña Gómez, que está siendo investigada por la Justicia.

Así se extrae del último informe -Perspectivas de integridad y anticorrupción para 2024- donde esta institución analiza el nivel de seguimiento que los diferentes países llevan a cabo en su estrategia contra la corrupción. En lo que respecta a España, la OCDE apunta que no está evaluando ni extrayendo datos sobre este plan. Algo que tiene un efecto directo claro: la imposibilidad de calificar la situación en nuestro país. «Estas omisiones dificultan medir los niveles de implementación y estar seguros de que las estrategias realmente mitigan los riesgos de corrupción», apunta el citado informe.

«Los países deberían utilizar datos e indicadores fiables para evaluar los riesgos. Una vez identificados, los países deben desarrollar una estrategia que describa los objetivos y prioridades, con una configuración institucional, planes de acción, seguimiento y evaluación adecuados. Se debe desarrollar un enfoque estratégico eficaz para combatir la corrupción en consulta con las partes interesadas clave, implementarlo y monitorearlo adecuadamente. Debería cubrir áreas de alto riesgo y apuntar a reducir el fraude y otros tipos de corrupción en todo el sector público. Una indicación clave del compromiso político es la adopción de un marco estratégico por parte del Gobierno», apunta la OCDE.

Un informe que se conoce en pleno caso Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez está siendo investigada por «corrupción en el sector privado y tráfico de influencias». Sin embargo, no es el único caso que rodea al presidente del Gobierno, que tiene otros frentes abiertos como el caso Koldo o las maletas de Delcy.

Oficina propuesta por Sumar

Sumar, partido que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para crear una Oficina de «prevención de la corrupción» que, en la práctica, quedará en manos del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. Y esto es así porque, aunque se establece que la oficina estará dirigida por «una directora o director que ejercerá el cargo con plena independencia y objetividad en el desarrollo de las funciones», la clave de su posible politización estará en el sistema de elección.

Así, ese «director o directora» será designado por el Congreso «por mayoría de tres quintos», lo que obligaría, en principio, a un acuerdo con la oposición. A continuación se matiza que «si en el plazo de seis meses desde el día de la votación de la primera propuesta, tras sucesivas votaciones, no se alcanzase dicha mayoría, la designación se realizará por mayoría absoluta». En este caso, el Ejecutivo lograría imponer a su candidato contando con el apoyo de sus socios de investidura.

La ley prevista por Díaz determina que «la directora o director no podrá estar afiliado a ningún partido político, sindicato o asociación profesional o empresarial», aunque no condiciona su afinidad con los distintos partidos políticos. «La dirección será elegida por el Congreso entre ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que disfruten del pleno uso de sus derechos civiles y políticos y que cumplan las condiciones de idoneidad, arraigo, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo. Deberán estar en posesión de título universitario de grado superior y contar con más de diez años de actividad laboral o profesional relacionada con el puesto a desempeñar», son los requisitos. La duración del cargo es de cinco años.