El n° 2 de Aagesen señalado por los incendios cobró 134.000 € en 2024: 50.000 sólo en productividad

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 23/08/2025 05:51
  • Actualizado: 23/08/2025 05:51

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, número dos de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Sara Aagesen, y señalado por la falta de medios en la gestión de esta oleada de incendios, cobró en 2024 como alto cargo del Gobierno de PSOE-Sumar un total de 134.313,51 euros, según consta en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE).

De esta cantidad, más de 50.000 euros fueron percibidos por Hugo Morán por productividad, ya que él no cuenta con ningún trienio en la Administración, el otro de los conceptos que convierte a estos altos cargos del Gobierno en cienmileuristas. Hay que tener en cuenta que su sueldo como secretario de Estado, incluyendo dos pagas extras, se situó en algo más de 80.000 euros en 2024, conforme a las cuantías retributivas que publica el Ministerio de Hacienda.

El año pasado, Hugo Morán ya estuvo con Teresa Ribera -hoy comisaria europea- en este ministerio y que permanece en el puesto desde la llegada de Pedro Sánchez, fue igualmente acusado de no estar a la altura en la emergencia de la DANA que llevó la tragedia a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Pese a las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este alto cargo, responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, optó por desplazarse a Cali (Colombia) para participar en la COP16, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, en el momento más crítico de la DANA.

Y estos días, la figura de Hugo Morán ha sido cuestionada por la falta de aeronaves por parte del Ejecutivo para hacer frente a los numerosos fuegos. De hecho, la memoria técnica que publicó este OKDIARIO alertando de ello y culpando de dicha deficiencia a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue elaborada por personal de su departamento, con fecha del pasado diciembre. Tanto es así que el logo de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente aparece en esta memoria, de la que se hizo eco el PP para culpar al Gobierno de su mala previsión.

Y es que el Ejecutivo no acometió la renovación de la flota antiincendios. Es más, incluso, la redujo de 47 a 42 aeronaves en la externalización del servicio de aeronaves apagafuegos que Transición Ecológica contrata a empresas privadas para apoyar a las comunidades autónomas.

Asimismo, en lo referente a los aviones anfibio tipo 1 (FOCA), que sí son propiedad del Estado, de los 18 que tenía en 2021 se ha pasado a una decena, según datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. Entretanto, no fue hasta abril de 2024 cuando el Gobierno anunció que España tendrá siete nuevos aviones anfibios contra incendios forestales a partir del año 2027.

En la memoria de dicha contratación externa, licitada por importe de 154 millones y resuelta el pasado enero, la propia Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, reconoce que la falta de Presupuestos General del Estado -Sánchez sigue con las cuentas prorrogadas de 2023- ha sido la causante de la merma de estos medios aéreos en la lucha contra el fuego.

«El número total de aeronaves previstas en este expediente asciende a 42, cinco aeronaves menos que las que hasta la fecha se venían contratando», admite el Gobierno, realizando el siguiente desglose: 26 helicópteros medios de transporte de brigadas y lanzamiento de agua; un helicóptero bombardero semipesado; cinco aviones anfibios de capacidad media, seis aviones de carga en tierra de capacidad media y cuatro helicópteros ligeros. «Esta propuesta de contratación se considera razonable teniendo en cuenta la situación del mercado nacional e internacional», decía el Ejecutivo, lastado por las sanciones de la UE a los ocho helicópteros Kamov de fabricación rusa que antes de la guerra de Ucrania sí usaba a través de esta externalización.

Y añadía: «Por otra parte, un factor importante que impide contratar un mayor número de medios es la ausencia, por el momento, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para el año 2025, lo cual implica que el dimensionamiento del dispositivo deba acomodarse a dicho escenario, posponiendo un potencial refuerzo adicional para el momento en el que el marco presupuestario se clarifique».

Pese a ello, fue la directora general de Protección Civil y Emergencia, Virginia Barcones, afiliada al PSOE desde 1998, quien culpó en estos días a los presidentes de las comunidades más afectadas por las llamas -Galicia, Castilla y León y Extremadura- afirmando que estaban pidiendo «cosas imposibles» para «no tener que hablar de su propia gestión». Desde Génova fue tildada de «pirómana» por este juego sucio contra las regiones gobernadas por el PP.

Este viernes, en su visita al Puesto de Mando Avanzado ubicado en Degaña (Asturias), Sánchez respaldó a Barcones en una intervención ante los medios sin admitir preguntas de la prensa. «Quiero felicitar a la directora de Protección Civil por su tarea durante estos días y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón», enfatizó el jefe del Ejecutivo socialcomunista delante la propia directora.

Sin un plan actualizado

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, subrayó ese viernes que Barcones es «una política, no una técnica», siendo, además, «la cuarta directora de Protección Civil» que ha tenido el Gobierno, porque «es un espacio desde el que se proyectan hacia otras responsabilidades políticas», lamentó la dirigente popular. «Hablamos de quien ha sido delegada del Gobierno del Partido Socialista en Castilla y León, y ha asumido y tiene un alto compromiso político con el sanchismo», recalcó Gamarra en su visita a Bilbao con motivo de la Aste Nagusia.

Asimismo, Gamarra denunció que la directora general de Protección Civil no ha cumplido con «sus responsabilidades y con sus obligaciones», como prueba el hecho de que no haya un Plan Nacional de Protección Civil actualizado desde el año 2023 «o un mecanismo» que dé «respuesta nacional de protección civil desde hace cinco años, cuando tendrían que haberlo tenido elaborado», recogió Ep.