El mosso que incriminó a Puigdemont y el helicóptero que vigiló el robo de armas a la Guardia Civil

Arrancaba esta mañana la quinta semana del juicio al procés con la resaca de la declaración del comisario de los Mossos, Manuel Castellví, que la semana pasada incriminaba, en respuesta a preguntas de Fiscalía, al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en los hechos del 1-O. Explicó Castellví, en una inesperada borrachera verbal, cómo desde el cuerpo policial autonómico instaron al president, sin éxito, a frenar la celebración del referéndum por el alto riesgo de «una escalada de violencia». Un referéndum que, por aquel entonces, no olvidemos que ya había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Castellví ha continuado hoy, pero con un cambio importante de tono y mensaje en su testifical. No puede obviarse que entre aquella y ésta intervención ha mediado todo un fin de semana en el que el separatismo ha puesto en marcha su máquina de presión. Hasta tal punto que ha obligado a sus compañeros Mossos a dotar al mando de protección.

No ha gustado al independentismo que Castellví comprometiese a la tríada conformada por el ex presidente Puigdemont -hoy fugado de la Justicia española – el ex vicepresidente, Oriol Junqueras; y el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, y les empujase desde el banquillo, un poco más, hacia el abismo judicial. Castellví arrojó datos sobre la premeditación delictiva consciente de la Santísima Trinidad política y las férreas críticas de los tertulianos, tertulianas, adeptos y ‘fanes’ puigdemoníacos no se hicieron esperar.

Los mandos de los Mossos advirtieron al Govern sobre riesgo de violencia el 1-O. Puigdemont se negó en 2 ocasiones a suspender.

De poco ha servido el ‘enjuague’ cuando le ha tomado el relevo el jefe de la Comisaría General de Planificación de seguridad de los Mossos, Emilio Quevedo, mando clave en el dispositivo del 1-O -quien pese a estar imputado por un juez de Cornellà (Barcelona) junto a los demás miembros de la Prefectura de la policía autonómica, por la supuesta pasividad de ésta para impedir el referéndum, ha decidido declarar-. Quevedo ha venido a asegurar ante el tribunal, cómo él entendió que no podían actuar «igual que en cualquier otra jornada electoral normal». Era «una actividad política que había sido prohibida» y, reitera, que así se lo manifestaron al Govern.

Abunda Quevedo en la senda inaugurada por Castellví, pese a su tentativa de repliegue, confirma el testimonio de su predecesor y ratifica que los Mossos «no cerraron ningún centro de votación antes del 1 de octubre, ni incautaron ningún material con carácter previo a la celebración de la jornada de consulta ilegal». Además, y pese a su defensa férrea a Forn, en clave general, no oculta el malestar trasladado desde la Policía catalana ante unas declaraciones públicas del ex consejero del Interior en las que aseguró que el Cuerpo se comportaría de la misma forma que en una jornada electoral. «Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad» lamenta Quevedo. Y así se lo hicieron saber en sendas reuniones, el 26 y el 28 de septiembre de 2017, «no solo al ex consejero Forn», sino también al ex presidente, Carles Puigdemont y al ex vicepresidente, Oriol Junqueras.

Quevedo ha precisado, sin embargo, que en la reunión de presentación de Forn con los mandos de los Mossos, el ex consejero -acusado de rebelión- les dijo que «tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la Policía». Así que el plan de actuación de la policía catalana se elaboró sin injerencias de los responsables políticos y sin que ningún miembro del Govern tratara de persuadirles de que lo cambiaran. Un poco de arena tras la cal viva repartida en la serie anterior.

Los independentistas antepusieron la celebración del «mandato del pueblo» a la «orden judicial» sentencia Quevedo.

El plan de actuación sólo varió para incrementar el número de efectivos cuando, en las reuniones de coordinación entre los cuerpos policiales, la Fiscalía «puso énfasis en que el dispositivo no era el suficiente». Opina Quevedo que las previsiones de dicho plan de actuación no se vieron «desbordadas» por las circunstancias acaecidas en la jornada del referéndum, dado que tanto Guardia Civil como Policía Nacional sabían que los Mossos iban a enviar a un sólo binomio de agentes a cada uno de los centros de votación y que -de acuerdo con la información de los servicios de inteligencia que compartían los tres cuerpos policiales- el 1-O «no se preveían actos de violencia», sino un «escenario» de colegios ocupados por todo tipo de actividades, con «gente haciendo resistencia pasiva ante la actuación de la policía».

Primera, e importante, contradicción. Consigo mismo y con Castellví que admitió, a diferencia del pasado jueves, durante sus conclusiones de hoy, que la previsión de los servicios de inteligencia de Mossos de que grupos radicales pudieran infiltrarse el 1-O para provocar actos violentos «fue errónea». Los grupos radicales «no se constituyeron el 1-O como bloque de unidad de acción, de ataque, en contra de lo que pensábamos», sino antes, pese a que tenían la «capacidad para poder alterar el orden», matizó Castellví.

En su opinión, además, y en su propio descargo, cómo no, confluyeron dos variables determinantes que indujeron al error: la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el 1-O no especificaba cómo debían cerrarse los centros de votación -a diferencia de la instrucción previa de la Fiscalía- y se sumaba a su tranquilidad la promesa del propio Junqueras que trasladó, a los mandos de los Mossos, cómo «no habría ningún tipo de resistencia» el 1-O porque la gente iba a dejar actuar «pacíficamente» a cuerpos policiales en los colegios electorales. «Cuando los agentes intervinieran, la gente iba a dejar que pacíficamente los cuerpos policiales actuaran» para cumplir con el mandato judicial de cerrar colegios y requisar las urnas, evoca Castellví.

Los mandos de los Mossos aseguran que se enteraron de los hechos «por los medios de comunicación». Para reflexionar.

Fue Puigdemont quien se manifestó más radical, ahonda Quevedo en la misma dirección: «El Govern tenía un mandato que cumplir y que lo iban a cumplir y llevar adelante, porque había sido avalado por los resultados electorales», anteponiendo así el referéndum al cumplimiento del auto judicial y pese a que afirmó entender las razones de los Mossos para actuar. Para Quevedo es una obviedad «que ellos conocían que una cosa y otra era incompatible». Poco espacio para la imaginación y una nueva dosis de rotunda realidad para los acusados.

El Govern usaba «muy inadecuadamente» la «contraposición» entre los principios de intervención policial y el cumplimiento del mandato judicial. «Lo proyectaba en términos de opciones, como si hubiera que decidir si una cosa tenía prevalencia sobre la otra», apuntaba sin titubear Quevedo quien, como ya manifestó antes que él Castellví, ha subrayado cómo en las reuniones «poco habituales y sin precedentes» de los Mossos con Puigdemont, del 26 y el 28 de septiembre, «obviamente» sí que trasladaron los problemas que se podían suceder. En concreto que «hubiese enfrentamientos entre favorables y contrarios a la celebración del referéndum» pero también choques entre las fuerzas de seguridad y los concentrados.

Difícilmente, sin embargo, podrán salir los Mossos indemnes como institución policial de este envite judicial y su daño colateral. Pese a los esfuerzos de sus mandos por disociar su labor de las decisiones políticas de la Generalitat, a fecha actual y salvo que cambien mucho las cosas en la prueba de la práctica testifical, parece una perogrullada afirmar que se comportaron como una policía política a las órdenes el separatismo institucional y en contra de una orden judicial. Cómo obviar, además, que ambos mandos de los Mossos han asegurado, en varias ocasiones a lo largo de su intervención como testigos ante el tribunal que enjuicia los hechos del 1-O, que conocieron de los hechos por los «medios de comunicación». Si eso es verdad, y éste es el nivel del cuerpo policial autonómico, a lo mejor es que es inútil e innecesario y alguien debería plantearse tomar alguna decisión.

Helicóptero y armas

Ya apuntaban maneras los hechos acaecidos frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre anterior. Quevedo ha asegurado, por primera vez en la Sala, que los Mossos activaron un helicóptero cuando tuvieron conocimiento de que podía haber armas largas en los vehículos de la Guardia Civil -que acabaron siendo enviados al desguace tras los destrozos sufridos durante aquella fatídica concentración- para controlar, «en todo momento los coches y su entorno».

Gracias a la visión que les proporcionaba el helicóptero, y tras comprobar que había grupos de individuos sustrayendo las mismas del interior de los coches policiales, el centro de mando ordenó, alrededor de las dos de la madrugada, que intervinieran «de forma rápida y contundente las unidades antidisturbios» de los Mossos. Aunque a esa hora la ANC ya había dado por desconvocada «oficialmente» la protesta, las personas que quedaban frente a la Consejería de Interior tenía una actitud «bastante distinta» a la que habían mantenido «en general» los concentrados durante el día. «Más conflictiva» para precisar. Muy amigable y muy pacífica no parece la escena a la luz de su testimonio, si quieren que les diga la verdad.

Para concluir la jornada, el tribunal también ha fijado un último bloque, en sesión golfa, sobre los hechos que podrían haber sido constitutivos del delito de malversación. Con cinco testigos, de los que tres fueron responsables de Unipost – la empresa que facturó a la Generalitat casi un millón de euros por encargos de material electoral para el 1-O-. De todos ellos, los 3 que han prestado declaración: Albert Jaime Planas, Francisco Juan Fuentes y Antonio Manuel Santos, lo han hecho para apuntalar la versión del Govern. Las facturas nunca se llegaron a pagar. Habrá que esperar a nuevos testimonios, y a la práctica de la prueba documental, para contrastar.