Moncloa teme que el retraso en la vacunación le obligue a imponer el confinamiento domiciliario

Confinamiento, la palabra maldita en Moncloa, vuelve a resonar entre los diferentes edificios que conforman el complejo presidencial. La confirmación efectiva del retraso en el calendario de vacunación, cuando el Gobierno preveía tener inmunizada al 70% de la población en verano, hace temer al gabinete de Pedro Sánchez que tenga que acabar autorizando los encierros domiciliarios para frenar la tercera ola, o incluso la cuarta que pueda azotar con más fuerza a las puertas del verano.

Sánchez, que como el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, daba por seguro hace poco más de un mes que en verano gran parte de los españoles habrían recibido ya la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, empieza a asumir que eso no va a ser así. Y el nuevo escenario reabre otra vez el debate entre salud y economía. En Moncloa, en contacto directo con los principales sectores empresariales afectados, creen que no adoptar medidas más duras puede condenar al turismo español a una segunda temporada sin ingresos. De momento ya se da por perdida la Semana Santa.

Con España marcando la peor cifra de fallecidos en un solo día desde el pasado mes de abril, con más de 700, la situación sanitaria vuelve a preocupar a las autoridades españolas. El único dato positivo en las últimas horas es el saldo positivo de altas frente al de nuevos ingresos y la bajada del indice de incidencia. Pero los hospitales continuan al límite de su ocupación y el temor a un colapso de algunos centros sanitarios, principalmente en Valencia o Castilla y León, es real.

El jefe del Ejecutivo, que dejó en manos de las comunidades autónomas la gestión de la desescalada y la segunda y tercera ola del virus, se plantearía así recuperar de nuevo algunas de las atribuciones que le confiere el estado de alarma para homogeneizar las medidas y trasladar un mensaje de confianza a los empresarios y al sector económico. Hace varias semanas que algunas autonomías le reclaman poder recurrir a los confinamientos domiciliarios, como ya hacen otros países europeos, y como recomiendan la gran mayoría de expertos.

Sin nada decidido y con todos los escenarios posibles sobre la mesa del comité de seguimiento del coronavirus, que presiden a diario Sánchez y los ministros de Sanidad y Política Territorial, Carolina Darias y Miquel Iceta, la posibilidad de ordenar confinamientos quirúrgicos o locales y la de un confinamiento domiciliario estricto de corta duración, de entre dos o tres semanas, son los que ganan más enteros a medida que avanzan los días y la curva no acaba de cambiar de rumbo.

A principios de enero el presidente solicitó a su equipo de colaboradores más cercano un informe sobre cómo se podían endurecer las restricciones otorgando a los gobiernos regionales un marco legal de actuación más amplio. Aunque como última opción, en ese momento, se volvían a plantear los confinamientos domiciliarios. Pero entonces Sánchez y los suyos pensaban en adelantar el toque de queda. La petición de Andalucía y la decisión unilateral de Castilla y León de hacerlo, algo que visualizaba que Moncloa iba a remolque, trastocó sus planes.

Aunque durante unas horas Sánchez e Illa decidieron autorizar a las comunidades ese avance del confinamiento nocturno, hasta las ocho de la tarde, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de no permitir la suspensión de las elecciones y mantenerlas el 14 de febrero, les hizo cambiar de opinión a pocas horas de un Consejo Interterritorial que era crucial. Todo se congeló para no perjudicar al ministro-candidato Illa, que dimitió del cargo seis días más tarde.

El cambio de posición del Gobierno, que había pedido a Castilla y León que suspendiera su orden hasta después de la Interterritorial, sentó como un jarro de agua fría entre los consejeros autonómicos: todos pensaban que la medida iba a salir adelante. Y es que el ex ministro había realizado una ronda de contactos el fin de semana previo y la decisión contaba con el consenso de casi todas las comunidades, del PSOE, del PP y de los nacionalistas.

La celebración de los comicios en Cataluña, que con un confinamiento domiciliario pondrían en cuestión la estrategia del Gobierno, del PSC y del propio ‘efecto Illa’, ha tenido un gran peso en la toma de las últimas decisiones sobre como frenar la expansión del virus en España. Aunque Salvador Illa lo negase prácticamente a diario.

El adelanto del toque de queda, de haberse autorizado horas después de la decisión del TSJC, hubiera chocado con el cierre de los colegios electorales. Y eso habría puesto en duda la legalidad de la jornada. Un confinamiento domiciliario estricto, antes del 14 de febrero, dejaría sin la legitimidad que reivindica el PSC las elecciones catalanas.

Por eso Sánchez e Illa, mirando más por los intereses electorales del ex ministro y del partido que representan, cambiaron de postura en el último minuto sin consultar a las comunidades autónomas y dejando sin autonomía al Consejo Interterritorial. Además, en Moncloa creen que de haber adoptado alguna de las dos medidas antes la oposición se les hubiera echado encima por permitir entonces la salida del ministro.

No será, pues, hasta pasado el 14 de febrero cuando el Gobierno mueva ficha de nuevo para frenar la pandemia y vea si entonces ha llegado el momento de autorizar una modificación del decreto del estado de alarma que permitiría de nuevo el confinamiento en casa por un tiempo limitado.

Garantizar la segunda dosis

El Ministerio de Sanidad se ha visto obligado, debido al retraso en la recepción de las dosis de la vacuna, a modificar la estrategia inicial que había planificado. Ahora el principal objetivo es garantizar la segunda inyección a todos aquellos españoles que ya han recibido la primera, antes de pasar de grupo de vacunación. Tras el choque entre la Unión Europea y las principales farmacéuticas, el Ministerio que dirige Carolina Darias, recomienda a las autonomías no iniciar la inmunización de nuevos pacientes. Vienen «semanas difíciles y decisivas» apuntan en Sanidad.