El Gobierno contradice sus propios planes anti-Covid al vetar el adelanto del toque de queda

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue impasible ante el avance dramático de la tercera ola del coronavirus. Ni toma medidas contra el Covid ni permite que las comunidades las tomen. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, rechazó este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud el clamor autonómico para adelantar el toque de queda. Illa alega que las regiones ya tienen un «arsenal de medidas» que considera «suficiente» para limitar la movilidad.

El máximo responsable de la lucha contra la pandemia -desbocada en nuestro país- ha hecho oídos sordos a las peticiones y se ha limitado a pedir «paciencia» a los dirigentes autonómicos. La mayoría de consejeros, también del PSOE, le han pedido que se restrinja todavía más el tiempo en que los ciudadanos pueden estar por la calle, durante la noche.

El Gobierno se reitera así en la línea de inacción contra la pandemia, que ya demostró este fin de semana cuando recurrió la decisión de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas.

El Ejecutivo, en plena batalla con las comunidades autónomas, considera que adelantar el toque de queda «infringe nítidamente la regulación» del decreto del estado de alarma.

Sin embargo, ese rechazo contrasta paradójicamente con los documentos del propio Ministerio de Sanidad, en los que se habla del control de la movilidad como herramienta «altamente eficaz» para evitar la propagación.

El mismo Real Decreto 926/2020 del estado de alarma prohibe la movilidad nocturna entre las 23.00 y las 06.00 horas -salvo para actividades como la asistencia a centros sanitarios, para trabajar o atender a mayores, menores o dependientes, o regresar al lugar de residencia-y faculta también a la autoridad competente delegada a flexibilizar en una hora el comienzo o finalización de esa limitación.

Sin embargo, en la prórroga de dicho estado de alarma se establece que esa medida «conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine (…) su modulación, flexibilización o suspensión». Es esa disposición a la que se agarra la Junta de Castilla y León para sostener el adelanto, mientras el Gobierno alega que se trata «de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada» por el decreto del estado de alarma.

Movilidad nocturna

Paradójicamente, el propio Ministerio de Sanidad admite en el mismo Real Decreto del estado de alarma que «diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC», el centro sanitario de referencia en la UE para el coronavirus- «han puesto de manifiesto que la aceptación y el cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre regiones de un mismo país, entre diferentes grupos de población de un mismo entorno e incluso entre las diferentes vivencias sociales de las personas, siendo una de ellas la actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en el cumplimiento de las medidas estipuladas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2»

«En este sentido», prosigue el texto del Ejecutivo, «buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas».

«Por ese motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales», añade.

Un argumento que se subraya también en los planes elaborados por el Ministerio de Sanidad para hacer frente al virus. Así, por ejemplo, el ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19’, establece la «necesidad de implementar acciones sobre el control de la movilidad» en el caso de que la situación epidemiológica sufra un «agravamiento» o las capacidades de respuesta se vean «superadas».

«Hay que tener en cuenta que cuando la presión sobre el sistema asistencial se incrementa puede ser necesario adoptar medidas excepcionales. En este sentido, las medidas encaminadas a la reducción de la movilidad de las personas, se han mostrado altamente efectivas para controlar la transmisión del SARS-CoV-2 cuando el virus alcanza un elevado nivel de difusión», admite Sanidad en ese documento, dirigiendo a un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature sobre la eficacia de las medidas no-farmacológicas. Matiza, no obstante, que «hay que tener en cuenta que este tipo de medidas suponen un elevado coste social y económico, por lo que conviene implementarlas estudiando la situación caso por caso».

Por su parte, el documento ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19’, el actual marco de Sanidad para que las comunidades autónomas implementen las medidas de lucha contra el virus, remarca, en el nivel 3 de alerta (inferior al actual), que la población debe «salir del domicilio sólo lo necesario». La mayor parte de las comunidades autónomas se encuentran actualmente en el nivel 4 de alerta, lo que implica, según Sanidad, «la toma de medidas excepcionales» con «restricciones adicionales», que sin embargo ahora rechaza.