El ministerio de Montero se lanza ahora contra los médicos: «Hacen tactos vaginales sin permiso»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 26/12/2022 06:49
  • Actualizado: 26/12/2022 08:51

El Instituto de las Mujeres -organismo dependiente del Ministerio de Igualdad-agita una ofensiva contra los médicos a través de una revista de reciente publicación, InMujer, que financia el departamento de Irene Montero. En uno de sus artículos, se sostiene que los sanitarios ejercen «malas prácticas» de manera «cotidiana» contra la mujer, acusándoles incluso de ejercer «violencia física y psicológica» en el ámbito del embarazo y el parto.

Se trata de la llamada «violencia obstétrica», que el departamento de Irene Montero promueve para acusar a los profesionales sanitarios. En el artículo, La violencia obstétrica es una forma de violencia de género, se denuncia que «muchas» mujeres son «violentadas» cada día al dar a luz. «Visibilizar la violencia obstétrica, denunciarla y poner medidas para erradicarla es imprescindible para acabar con esta violencia física y psicológica que sufren de forma cotidiana tantas mujeres y bebés», se añade.

Estas «prácticas constitutivas de violencia física, verbal y/o psicológica» son «ejecutadas por el personal sanitario en la atención al embarazo, el parto y el posparto», se sostiene. Entre ellas se cita, por ejemplo, «que no se informe a la parturienta de los procedimientos que se le realizan, que no se le permita estar con un acompañante en las visitas de seguimiento del embarazo o en el parto, que se le falte al respeto y no se tenga en cuenta su opinión, que a la hora de parir le sean realizados tactos vaginales sin su permiso y por distintas personas, que le suministren fármacos y anestesia sin informarla, que haya estudiantes en el parto sin su consentimiento, que se le haga una cesárea innecesaria o que la separen del recién nacido sin motivo».

Incluso se acusa a los médicos de «responsabilizar a la madre de ser la detonante» de una situación de «violencia obstétrica»: «Se le dice que no empuja, no colabora, se queja demasiado, que por su culpa el parto no avanza y se le tiene que aplicar tal o cual maniobra… Con esta estrategia se busca atribuir a la parturienta la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido o podría haber ocurrido. Las mujeres no sólo se sienten culpables por haber sufrido violencia obstétrica, sino que muchas veces son juzgadas y culpadas por las decisiones que toman».

«Patriarcal»

Lejos de ser algo esporádico, según la publicación, se trataría de «una realidad demasiado cotidiana» que «forma parte estructural de la atención sanitaria al parto». «No se trata de malas prácticas aisladas. Es fruto de un sistema patriarcal que menosprecia y vulnera los derechos de todas las mujeres y de un sistema productivista que supedita la vida, y en este caso el parto, al mercado. La obstetricia no escapa al machismo de la sociedad», se denuncia en el texto, afirmando que ello «no significa criminalizar al personal sanitario, sino constatar una realidad que sólo nombrándola podremos contribuir a erradicarla».

Montero ya intentó incluir esa ofensiva contra los médicos en su Ley del Aborto, aprobada el pasado 15 de diciembre. A través de varias enmiendas -que fueron rechazadas- Podemos alegaba que los sanitarios ejercen esta «violencia» en la atención al embarazo y el parto con prácticas «que impactan sobre la salud física y psíquica de las mujeres y sobre su derecho al más alto nivel de salud» y «que están basadas en prejuicios y estereotipos machistas sobre la reproducción, la sexualidad, el embarazo y el parto».

Podemos siempre ha defendido esta supuesta «violencia» ejercida por los profesionales sanitarios y que consideran una forma de «violencia de género».

Los médicos, por su parte, rebaten abiertamente estos ataques. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos aseguran que no se ajusta a la realidad asistencial y que criminaliza el trabajo de los profesionales que actúan bajo el rigor científico y la ética médica, además de crear alarma social y erosionar la «necesaria confianza entre médico y paciente». Los especialistas en ginecología, recuerdan, tienen el compromiso de velar en todo momento por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos y por la mejora de la práctica clínica basada en la evidencia.