La mayoría de sindicatos policiales exige dimisiones en Interior por dejarles “vendidos” en Cataluña

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Carlos Cuesta

La mayoría de asociaciones policiales han decidido plantar cara a Pedro Sánchez y al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por condicionar sus actuaciones en Cataluña por motivos políticos y “dejar abandonados y en peligro a sus agentes por la falta de medios -como las pelotas de goma- y de más efectivos en los focos de violencia vividos estos días”, como señala una fuente policial al corriente de las quejas y documentos remitidos oficialmente al Consejo de Policía en los últimos días.

OKDIARIO informaba este martes del impulso dado por el sindicato de la Policía Nacional Jupol -de la plataforma mayoritaria Jusapol- a esta queja y de que sus equipos jurídicos están dispuestos incluso a llegar hasta los tribunales para exigir responsabilidades por lo que tachan de anteposición de condicionantes políticos a las exigencias de envío de más agentes a los focos de terrorismo callejero. Y hoy, este mismo diario revela la actuación similar de otro gran sindicato policial: Unión Federal de Policía (UFP).

UFP afirma que “está existiendo una total falta de planificación operativa por parte de los responsables policiales de la Policía y cuyo máximo responsable es el Director Adjunto Operativo, José Ángel González Jiménez que parece que, siguiendo directrices políticas, ha decidido aliarse a las tesis del Gobierno de “no hacer nada”.

Señala el sindicato que “esto se está traduciendo en un abandono total a su suerte de los policías destacados a Cataluña” que “carecen de material antidisturbios y el que se les ha entregado está caducado”. Es más, desde UFP afirman que “no hay previsión de relevos, ni incremento de efectivos, lo que se traduce en jornadas de trabajo de 20 horas diarias (no son horas de oficina, sino de muy alta tensión y estrés, como se puede ver en las imágenes que se emiten continuamente en los medios de comunicación) […]. No están cobrando por el trabajo que hacen, se les debe dinero, no han cobrado ni un euro, pero los alojamientos y la comida hay que seguir pagándolos. Tenemos el mejor vehículo antincendios y antibarricadas, un vehículo que costó 600.000 euros que no sabemos si es que sólo sirve para exhibirlo en desfiles. ¿Por qué no se está utilizando?». Y concluye este sindicato que “en definitiva, los responsables policiales están mirando para otro lado, dejando abandonados a su suerte a los policías en una de las situaciones más complicadas que se hayan dado nunca”.

Dimisiones

Jupol ha planteado como primer paso la exigencia de la dimisión del comisario de los antidisturbios -Unidades de Intervención Policial (UIP)-. Y argumenta en su carta remitida oficialmente al Consejo de la Policía que comanda el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que “las Unidades de Intervención Policial han sido maltratadas a lo largo de los años hasta llegar a la situación actual que es de tal gravedad que nos vemos en la obligación moral de darle visibilidad a todo el mundo”.

Por ello, añaden desde el sindicato policial, “no queremos repetir jamás lo ocurrido con Puma 70 en los episodios de Rodea el Congreso, y lo que ha pasado aquí nuevamente con los compañeros heridos gravemente”. Por lo que solicitan: “La dimisión o el cese de Comisario Principal Jefe de las Unidades de Intervención Policial, y el resto de la cúpula de la JUIP y la incorporación de un nuevo equipo de trabajo. Solicitamos que se depuren las responsabilidades oportunas por la inoperancia de los que han coordinado el dispositivo”.

Hay que recordar que un policía nacional fue herido de gravedad llegando a peligrar su vida y aún continúa en cuidados intensivos. Y que el número de heridos no deja de crecer por culpa de la limitación de efectivos y de material antidisturbios que interviene en cada enfrentamiento con los radicales.

Los sindicatos no ocultan que quieren que se desvele si ha habido una orden política desde el Ministerio o el Gobierno para limitar las actuaciones y, por lo tanto, se ha puesto en peligro la vida de agentes sin justificación técnica.

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