La mayor parte de los acusados en el ‘caso Gürtel’ reconocen los delitos de fraude y blanqueo en el último juicio

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha confesado este lunes en la Audiencia Nacional que quiso marcharse a Panamá para no pagar impuestos, en el último juicio sobre la macrocausa de corrupción, en el que la mayoría de acusados han admitido los hechos, incluido su mano derecha, Pablo Crespo.

Correa ha asegurado en su declaración que no pagó impuestos, que no presentó declaraciones tributarias y que no aparecía como titular de cuentas bancarias en España.

Al respecto, ha admitido que trató de lograr la residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares a través de una de las acusadas, que le «estafó» -ha dicho- porque no se la consiguió. «Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España», ha confesado el líder de ‘Gürtel’, precisando que no llegó a abrir una cuenta en el país centroamericano porque lo detuvieron antes.

Correa ha afirmado no recordar que se presentara a esa acusada como íntimo del expresidente del Gobierno José María Aznar: «Yo no era amigo de Aznar. Le conocía porque trabajaba para el Partido Popular y fui a la boda de la hija, pero no era amigo mío».

Su declaración ha tenido lugar en el primer día del juicio relativo a la última pieza -denominada principal- sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas». Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

Durante la primera sesión, la fiscal ha precisado que, de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público a cambio de una condena menor. En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos.

«Fundamentalmente», detalla, «con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad».

Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía «contratos mediante sobornos a cargos públicos» se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes.

«Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos», indica.

Facturas falsas

La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la «connivencia» de otros acusados para armar una «trama de confección de facturas falsas» con la «triple finalidad» de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal -«Caja B»-; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.

El juez instructor de la causa, José de la Mata, acordó en 2020 sentar también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

Al respecto, el juez incluyó en la lista a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas Inmaculada Mostaza.

La nómina de personas que serán juzgadas abarca, entre otros, a los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez por el mismo delito.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado reflejó las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.

Comisiones irregulares

De la Mata explicaba en una resolución que las cantidades multimillonarias las obtuvo Correa por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera».

Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas, según el magistrado, que calculaba el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio de los años 2000 a 2007.

El número dos de la Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirmaba.

Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL, y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba, añadía el juez.

Los asesores

En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, el juez instructor les consideró cooperadores necesarios porque «su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación».

«Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública», expuso.

Aun así, para el juez, «lo relevante» no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la «maraña societaria», sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que son «entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos».

El magistrado instructor apuntaba también en esta pieza del caso Gürtel a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Sobre el primero, el auto afirmaba que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido «reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado».

En cuanto al blanqueo de capitales, detallaba los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describía una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de «enriquecimiento de su líder».